De seguro conoce quién es el empresario José Luna Gálvez.
Dueño de un consorcio de universidades privadas, a las cuales les negaron el licenciamiento en 2019 y enredado en querellas penales con el Ministerio Público y el Poder Judicial que podrían conducirlo a la cárcel (no hablaremos de sus antecedentes judiciales), Luna Gálvez nació en 1955, en Huancavelica. Empezó su carrera política en el APRA. Fue funcionario público en el Ministerio de Energía y Minas a fines de la década de 1980 y fue asesor parlamentario en el extinto Senado entre 1990 hasta el golpe de estado del 05 de abril de 1992.
Con la transición hacia la democracia entre 2000 y 2001, Luna Gálvez empezó su carrera política de la mano de Luis Castañeda, futuro Alcalde de Lima. Ha estado en el Congreso durante los gobiernos de Valentín Paniagua, Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala, excepto entre 2002 y 2006 cuando fue suspendido por la acusación de haber recibido dinero del ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos. En 2017 fundó su propio movimiento político y retornó al Congreso tras las elecciones generales de 2021. A su vez, su hijo, José Luna Morales, integró el Congreso extraordinario en 2020.
¿Por qué la mención a Luna Gálvez?. Personalmente, es un político “chicha”: demagogo y malicioso. Hace años está empecinado en “cargarse” los fondos de pensiones, tanto privados como estatales (su hijo era más “desfachatado” al respecto), y también ha conseguido que el Congreso apruebe leyes sobre mayor devolución de aportes obligatorios del desaparecido Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI. Incluso Luna Gálvez no ha tenido empacho en encabezar una marcha de antiguos “fonavistas” en el Centro de Lima hacia el Palacio Legislativo para exigir la devolución de mayores aportes, sin interesarle de dónde saldrá el dinero para devolver. Si algún periodista listo (escasea en los medios de comunicación) preguntase a Luna Gálvez por qué él hace todo esto, supongo dirá que “representa al pueblo”. Tampoco se asombren, porque en Chile hay una política equivalente a Luna Gálvez: la diputada Pamela Jiles, disidente comunista.
¿Hasta dónde alcanza la “representación del pueblo”?, ¿puede un político, alegando “representar al pueblo”, pasar por encima de las instituciones y el imperio de la ley?. Pues no. Para nada. Como el resto de sus colegas, Luna Gálvez fue elegido para “representar los intereses de la nación” (no sólo de sus votantes en un distrito electoral), de acuerdo con la Constitución de 1993 y la ley, de los cuales emana la fuente de su legitimidad.
Es más, los intereses de la nación son una suma de distintos y hasta contrapuestos intereses de individuos y colectividades. No es aceptable defender intereses de una minoría activa alegando “representar al pueblo” sobre los intereses de una mayoría silenciosa.
Luna Gálvez
ni ningún político, sin importar su ideología o formación doctrinaria, puede
proclamar que él o ella está “representando al pueblo” y pisotear las
instituciones y el imperio de ley: sería la perversión de la democracia.
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