En tiempos lejanos cuando un funcionario público era pillado en mentiras, se esperaba su renuncia inmediata por decoro. Abogo por el rescate de aquella saludable costumbre.
El Presidente del Consejo de Ministros y la Ministra de Relaciones Exteriores pidieron permiso al Congreso para que la Presidenta de la República pudiera viajar hacia los Estados Unidos para la Cumbre de la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas (APEP), organizada por el presidente estadounidense Joe Biden, a la cual fueron invitados Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay más Barbados y Canadá. Pese a esa “ley inconstitucional” mediante la cual Su Excelencia pudo viajar tres veces antes al extranjero violando la Constitución de 1993, el Congreso autorizó el viaje.
Por comunicado de Torre Tagle, la Presidenta de la República iba a tener una reunión protocolar con Biden en la Casa Blanca. Sin embargo, Biden tuvo reuniones con otros mandatarios latinoamericanos, pero nunca con Su Excelencia. Una fotografía de ambos tomada en un pasillo de la Casa Blanca quiso ser vendida como una “reunión”, pero era una burla. La agenda protocolar de Biden está estrictamente regulada y es imposible que no hubiese tenido una reunión protocolar con algún mandatario extranjero en el Salón Oval de la Casa Blanca “por falta de tiempo”.
Como la Ministra de Relaciones Exteriores parece haber estado más atenta a los deseos de viaje de la Presidenta de la República y no en organizar su agenda protocolar, se hizo notoria su mentira. Antes que ir al Congreso para seguir mintiendo, renunció. De paso, renunció el embajador peruano en Washington DC, cómplice de la mentira sobre la “reunión protocolar fallida”.
Otro funcionario público que ha mentido a la ciudadanía, pero a quien (absurdamente) la Constitución de 1993 no le permite renunciar es el Alcalde de Lima. Después de haber hecho el ridículo clausurando el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, intentando “reinaugurar” un parque público e invitando al conductor de televisión argentino Marcelo Tinelli para que venga a Perú con “todos los gastos pagados” (creyó sería como el actor y productor de cine mexicano Eduardo Verástegui, quien vino a “adularlo”) y después ser minimizado por la modelo Milett Figueroa, el Alcalde de Lima anunció en su cuenta de la red social X (ex Twitter) que la concesionaria vial Rutas de Lima (él está obsesionado con “cargársela”) pretendía subir la tarifa de los peajes desde S/ 6.50 hasta S/ 7.50. No mostró ningún documento oficial al respecto.
En el mismo mensaje, el burgomaestre dijo que era un “abuso” e instó a los magistrados del Tribunal Constitucional, quienes votarán si declaran o no fundado un Hábeas Corpus que involucra la referida concesión vial (donde la Municipalidad Metropolitana de Lima no es parte involucrada), a “pensar en los ciudadanos”. La concesionaria vial no incrementó la tarifa de los peajes ni anunció que fuese a hacerlo pronto. Cuando la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso citó a los directivos de la concesionaria vial por este tema, ellos rechazaron ir reiterando que no ha existido ningún aumento de tarifas ni existirá alguno en el corto plazo.
En pocas palabras, el Alcalde de Lima mintió, pero está fresco como lechuga, denunciando penalmente a periodistas y soñando que todavía es alguien importante en la política peruana cuando se está convirtiendo en un “fraude viviente”.
Si los
funcionarios públicos desean ganar credibilidad ante la ciudadanía, empiecen por
no mentir. Si descubrimos la mentira, adiós.
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