La izquierda radical ha regresado a hacer lo que mejor hace: propaganda política, agitación de masas y violencia.
En los últimos días han estallado violentas manifestaciones en varios departamentos del país. Grupúsculos de azuzadores, que consiguen congregar cientos o algunos miles de personas. En algunos casos la protesta ha sido pacífica, pero en el resto de situaciones hubo destrucción de propiedad pública o privada, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la Policía Nacional. Esas turbas iracundas amenazan con “paros nacionales”, “paros regionales”, “marcha hacia Lima” o “toma de Lima”. Común denominador: son subversivos de izquierda radical, no necesariamente coordinados unos con otros.
¿Qué exigen todos?. Al margen de la desarticulación de sus protestas, quieren la renuncia de la Presidenta de la República (llegada por sucesión constitucional), el “cierre del Congreso”, la convocatoria a elecciones generales y el inicio de un proceso constituyente que redacte una nueva Constitución. En algunos sitios exigen la restitución del gobierno de Pedro Castillo, caído el 07 de diciembre. Gritan es “el pueblo” quien protesta y repiten a cada rato “pueblo”, “pueblo”, “pueblo”. En el Congreso, todas las facciones de izquierda radical se han unido en sus ataques al nuevo Gobierno, exigir el “cierre del Congreso” y reclamar una nueva Constitución.
¿Por qué está ocurriendo esto?. Simple: todas las facciones de izquierda radical sienten que, después del 07 de diciembre, han perdido el poder que cada quien aspiraba tener, tomar o retener. Aunque entre estas facciones de izquierda radical no todas tenían una idea política clara de qué hacer con el poder, sí compartían la “fantasía revolucionaria” de “cargarse” la democracia restaurada en 2001 y el modelo económico heredado de la década de 1990. La fantasía se desvanece y quieren conseguir rápidamente, mediante la protesta callejera, lo que no pudieron conseguir los últimos dieciséis meses a través de los procedimientos parlamentarios o el voto popular.
Por supuesto, también existen intereses más mundanos: la perdida de privilegios o sinecuras y la posibilidad de beneficio ilícito mediante la corrupción administrativa.
Informes de inteligencia policial señalan al Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF), heredero ideológico de los terroristas de Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990, cercano a Castillo, como el principal instigador de las últimas revueltas. No se descarta la presencia de mineros ilegales o campesinos cocaleros, conectados políticamente con el congresista Guillermo Bermejo, un “filo-terrorista”. Tampoco la participación de batallones de reservistas que lidera el ex mayor Antauro Humala, pese a que “Antaurito” no quiere nada con la izquierda radical y ha repudiado públicamente a Castillo, razón por la cual le llovieron insultos y botellas plásticas en un reciente mitin en la Plaza San Martín, en Lima.
Por ahora el Gobierno nacional ha decretado el Estado de Emergencia en varias provincias de los departamentos de Apurímac, Arequipa e Ica, permitiendo el ingreso de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público. La Presidenta de la República anunció el envío de un proyecto de reforma constitucional al Congreso para convocar elecciones generales en 2024.
La
Presidenta de la República (lo siento, hay que apoyarla) requiere firmeza para
gobernar frente a la izquierda radical que ya nos mostró todas sus miserias.
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