Según cifras
oficiales, el número de contagiados por la pandemia viral COVID-19 en el Perú se
acerca a los dieciséis mil. Se aproxima a mil cuatrocientos el número de
hospitalizados y los muertos son cuatrocientos. A su vez, se evidencia la terrible
crisis económica en ciernes, el desempleo descomunal, la quiebra masiva de
empresas y el empobrecimiento masivo.
Sin
embargo, casi todos los medios de comunicación y sus periodistas parecen
decididos, no a informar la verdad sino a difundir propaganda. ¿Por qué?. Desde
el retorno a la democracia en 2001 en los medios de comunicación primó la
“amoralidad”: por complacer a jefes, servir a intereses políticos, conseguir
aplausos fáciles o sólo llenarse los bolsillos, muchos hombres y mujeres del
periodismo de distintas ideologías mintieron, denigraron, hostigaron o
desprestigiaron impunemente. La “corrupción periodística”, como lo llamé
siempre, ha sido alentada y aprovechada por el Gobierno nacional de ese
“aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la sucesión
constitucional de 2018. Cierto, siempre hubo honorables excepciones y si antes
alguno estuvo en la “amoralidad” y hoy está del lado de la verdad, es meritorio
de reconocimiento.
Con
un formato copiado de España, la oficina de prensa del Palacio de Gobierno escoge
por “sorteo” en la red social WhatsApp cuáles medios de comunicación
podrán participar con sus preguntas, que son enviadas previamente y esa oficina
las selecciona. Las preguntas aprobadas serán formuladas al “aventurero”. No
hay preguntas difíciles o comprometedoras. Por eso jamás escuchamos que
pregunten al “aventurero”, por ejemplo, sobre las pruebas de despistaje donadas
por el magnate chino Jack Ma o aquellas compradas por el Ministerio de Salud el
mes pasado y todavía no llegan al país, por qué prometió un decreto legislativo
para ascensos póstumos de militares muertos por la pandemia si no sabes
realmente cuántos efectivos del Ejército (incluido el generalato) y la Policía
Nacional están contagiados, por qué aplaudió la absurda intervención policial a
una vivienda en Lima, donde una familia celebraba con música y “aislada” el
cumpleaños de uno de sus integrantes, o por qué el Gobierno no permite que
fabricantes textiles del emporio comercial de Gamarra puedan confeccionar mascarillas
o ropa protectora para médicos y enfermeras, beneficiando a importadores.
A
diferencia de España, acá ningún gremio mediático o ninguna asociación
periodística ha protestado por el ultraje de este Gobierno. Es más, casi todos
los medios de comunicación viven clamando al “aventurero” por mayor publicidad
estatal. Ahí están las partidas de dinero para grandes televisoras,
radioemisoras y periódicos y hasta las visitas del Presidente del Consejo de
Ministros a sus sedes. Por eso publican encuestas de opinión “tendenciosas” o
dudosamente creíbles, a gusto del “aventurero”. Por eso sus periodistas
levantan y ocultan información, a la medida del Gobierno. La reciente muerte
del ex congresista Glider Ushñahua, quien falleció víctima del virus es
escandalosa, pero no fue convenientemente resaltada, porque revela la pésima acción
de despistaje de casos positivos del virus por el Gobierno. Las protestas de
médicos y enfermeras por falta de camas, equipos para cuidados intensivos o
material de protección sólo las informan cuando son demasiado notorias. Los
pedidos gubernamentales de fosas para enterrar cadáveres en Lima y Lambayeque
no existen.
Mientras,
esos medios de comunicación nos distraen con los infractores al Estado de
Emergencia y el toque de queda, la CTS, el Sistema Privado de Pensiones, los
peajes de las concesiones viales, la “suspensión perfecta de labores”, las elecciones
generales de 2021, el servicio delivery, los pagos en la educación
privada, etc. Cualquier cosa, menos el drama de enfermos, fallecidos y necesitados.
Cuando
pase está pandemia, como ciudadanía debemos exigir cuentas a esos medios de
comunicación y sus periodistas. No aceptar que se “enjuaguen”, como durante la
Transición. El Perú merecerá un nuevo periodismo.
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