Legicidio, aberración jurídica o jugarreta legislativa
es la última decisión del Congreso.
Aprovechando la sesión de la Cámara, donde se
debatieron y votaron la reforma constitucional en segunda votación para otorgar
automáticamente la nacionalidad peruana a hijos de peruanos nacidos en el
extranjero y el proyecto de ley para reemplazar el decreto de urgencia sobre
las empresas constructoras de obras públicas involucradas en actos de
corrupción, sorpresivamente, se presentó un proyecto de resolución legislativa
para modificar varios artículos del Reglamento Interno de la Cámara
relacionados con las cuestiones de confianza y las mociones de censura.
Si la Constitución de 1993 no limita la facultad de la
Presidenta del Consejo de Ministros para solicitar cuestiones de confianza,
esta reforma dice que no podrá hacerlo más para impedir la aprobación de una
ley o una moción de censura contra miembros del gabinete ministerial. Además,
aunque tampoco impide que un ministro o una ministra de un gabinete censurado o
cuya cuestión de confianza haya sido negado volviese a jurar en otro gabinete,
la reforma ahora lo prohibiría. En los hechos, el Presidente de la República
tendrá mayor dificultad de disolver constitucionalmente la Cámara si ésta ha censurado
o negado cuestión de confianza a dos gabinetes. Tampoco habría forma de impedir
que la Cámara censure un miembro tras otro del gabinete ministerial.
Esta reforma no una regulación del artículo
constitucional ni una “interpretación auténtica”, porque ha sido aprobada como
resolución legislativa, no como “ley de desarrollo constitucional”. No hubo
dictamen favorable previo ni posibilidad de observancia presidencial, porque es
una resolución legislativa aplicable internamente al Congreso. Incluso se ha
ido más allá: la reforma de la Constitución de 1993 sin reformarla.
La gran mayoría de abogados constitucionales ha
calificado de “inconstitucional” esta resolución. El oficialismo y el Poder
Ejecutivo presentarían acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal
Constitucional si el Congreso no rectifica. La resolución fue aprobada por el
fujimorismo, las dos facciones de izquierda radical y otros partidos políticos.
El periodismo ha recogido este hecho como un intento de muchos congresistas por
aferrarse al escaño: un deseo funcional a los intereses de quienes también
promueven un nuevo pedido de destitución del Presidente de la República por
“incapacidad moral permanente” y su reemplazo por el sucesor constitucional.
En lo personal, no había visto algo tan grotesco desde
1991 cuando el Congreso votó y aprobó abrir el sistema pensionario “cédula
viva” para incorporar a senadores y diputados. Las televisoras privadas guardan
en archivos las imágenes de ellos abrazándose o felicitándose después de
aprobar una ley para beneficiarse a sí mismos. Este hecho fue uno de los
motivos esgrimidos para justificar el golpe de estado del 05 de abril de 1992.
Para quienes creemos en la democracia y el imperio de
la ley este hecho es indignante e inaceptable. Es un golpe al régimen
constitucional.
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