Habló Jorge Barata dentro de la investigación fiscal
por el “escándalo Odebrecht”, los actos de corrupción de la empresa
constructora brasileña Odebrecht en el Perú entre 2005 y 2014.
Barata era el representante de Odebrecht en el Perú y,
según su reciente declaración desde Brasil ante los fiscales peruanos que
investigan casos de “lavado de activos” relacionados a Odebrecht, la poderosa
constructora financió campañas de varios candidatos presidenciales en las
elecciones generales de 2006 y 2011. El financiamiento habría provenido del
siniestro “departamento de operaciones estructuradas”, un área de caja de la
empresa destinada a pagar sobornos. Por ahora se desconoce si Odebrecht también
financió candidaturas parlamentarias, regionales y municipales.
La financiación se realizó a través de intermediarios.
Pesquisas posteriores determinarán si el intermediario entregó el dinero a los
tesoreros de campaña o se lo quedo. Del mismo modo, la fiscalía deberá
determinar fehacientemente si los intermediarios -y, por ende, los candidatos-
sabían o no si la financiación provenía de “operaciones estructuradas” para así
configurar el escenario de “lavado de activos”, conforme al Código Penal de 1991.
De lo contrario, según la Ley de Partidos Políticos de 2003 (reformada en 2015),
la financiación ilegal conlleva una “sanción administrativa” al partido o
movimiento político.
El accionar de Odebrecht sorprende, pero no es inédito
en el Perú. Hace más de treinta años don Dionicio Romero, confesó públicamente
que, durante la década de 1980, su Banco de Crédito del Perú, el banco privado
más importante del país, financió las campañas electorales del APRA, el Partido
Popular Cristiano y Acción Popular.
¿Es necesario que empresas financien campañas
electorales?. Partamos de la realidad: en todas las democracias del mundo las
campañas electorales cuestan cada vez más y acá NO inventaremos la fórmula para
abaratarlas. Por eso muchos abogados o politólogos defienden la financiación por
el Estado, pero en países con (aún) tantas carencias es políticamente difícil
justificar la entrega de dinero público a partidos y movimientos políticos.
Personalmente, se debieran eliminar los topes a la
financiación de campañas por parte de individuos o empresas. Cuando se ponen
topes, siempre habrá formas de burlarlos. Los falsos aportantes, por ejemplo.
Financiación ilimitada, pero “bancarizada”. Nada de rifas, cenas, cócteles ni
eventos de recaudación encubiertos. Que una empresa financie alguna campaña electoral,
pero mediante depósito o transferencia. Cualquier aporte fuera del sistema
financiero debería ser considerado de “origen ilícito” y sancionado con la
figura delictiva de “financiación ilegal de partidos o movimientos políticos”.
Todo quedaría registrado en el sistema financiero y al
alcance del periodismo. Así sabríamos cuáles empresas están detrás de ciertas
candidaturas. Si alguna empresa pretendiese evitar que su nombre comercial
apareciera y dividiese la financiación entre terceros, también sabríamos a
quién señalar.
¿Qué opinan ustedes?
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