Este 28 de julio se cumplen treinta años de un suceso,
que fue un punto de inflexión en la historia política e ideológica del Perú: el
intento de nacionalización de la banca.
Por historia, en 1987 el gobierno del APRA intentó
nacionalizar bancos, entidades financieras y compañías de seguro, que iban a
pasar del incipiente sector privado a propiedad y administración del Estado, el
cual tenía entonces una amplia actividad empresarial en la economía. Sorprendentemente,
la medida provocó un espontaneo y creciente rechazó ciudadano. A la cabeza de
esta protesta cívica estaban varios profesionales e intelectuales
independientes. Entre ellos, el escritor Mario Vargas Llosa. Así germinaría el
movimiento Libertad y, posteriormente, la alianza electoral FREDEMO: promotores
del pensamiento liberal, el cual con el devenir del tiempo se ha ido
difundiendo por amplios sectores de la sociedad peruana, para disgusto de
populistas, estatistas y nacionalistas.
Veamos el hecho desde otro enfoque. En principio, ¿por
qué se intentó la nacionalización?. El discurso oficial entonces era la
necesidad de “democratizar el crédito”. Pura “justicia social”. Bravo, pero la
realidad era diferente. En esa época, dos terceras partes del sistema
financiero estaban en poder del Estado. Tres de los cinco grandes bancos (Banco
Continental, Interbank y Banco Popular) habían sido nacionalizados en la década
de 1970. A su vez, existía la “banca de fomento” estatal: Banco Agrario, Banco
de la Vivienda, Banco Industrial, Banco Minero y Banco Central Hipotecario. Por
último, el Estado también poseía pequeños bancos regionales.
Lo que pretendió el gobierno aprista era reforzar el
control cambiario de entonces evitando una mayor fuga de divisas del sistema
financiero y utilizar ahorros y títulos valores para cubrir el abultado déficit
fiscal y reactivar la economía.
¿Quiénes apoyaron la nacionalización?. Por supuesto,
el APRA, aunque no únicamente. Senadores como Armando Villanueva y Luis Felipe de
las Casas y diputados como Luis Negreiros Criado fueron muy entusiastas. Al
contrario, a los senadores Luis Alberto Sánchez y Ramiro Prialé no convencía
del todo. Aunque recelaban del gobierno aprista, “rojos” y “rojimios” de la
alianza Izquierda Unida estaban encantados con la medida y quería ir más allá,
porque les recordaba la década de 1970, la época “revolucionaria” de las
nacionalizaciones de empresas, que aún hoy recuerdan con nostalgia. Acción
Popular fue oportunista: rechazó la medida sólo cuando fue evidente la
impopularidad. Únicamente, el Partido Popular Cristiano se opuso desde el
inicio a la nacionalización.
¿Por qué fracasó el intento?. No fue por el larguísimo
debate en el Senado (la Cámara de Diputados aprobó rápido la nacionalización), las
acciones de amparo ante el Poder Judicial ni la resistencia aparatosa de los
banqueros sino por una burguesía (clase media) empobrecida y empequeñecida que
no soportó más la asfixia de un Estado-empresario gigante, voraz, corrupto e
inepto.
He ahí el legado de hace treinta años.
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