En este Perú de olvidos perennes e ignorancia
constante, conviene recordar un suceso histórico poco conocido: el fallido
contragolpe del 13 de noviembre de 1992.
Pretextando miseria, terrorismo y corrupción, el 05 de
abril de 1992, Alberto Fujimori, el Presidente de la República desde 1990,
apoyado por su asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y el alto mando de
las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, derogó la Constitución de 1979,
cerró el Congreso, intervino el Ministerio Público y el Poder Judicial,
“reorganizó” la Contraloría General de la República, desactivó el Consejo
Nacional de la Magistratura y el Tribunal de Garantías Constitucionales,
disolvió las asambleas regionales y recompuso el Jurado Nacional de Elecciones.
Con aplauso popular, pero condena internacional.
Dos oficiales del Ejército, los generales Jaime
Salinas Sedó y Luis Soriano, quienes fueron pasados a retiro bajo Fujimori se
horrorizaron por el golpe y la influencia de Montesinos, que había sido espía y
abogado de narcotraficantes. Transcurridos los meses reclutaron a varios
oficiales del Ejército (la mayoría de los conspiradores), la Marina de Guerra y
la Fuerza Aérea, activos y retirados. Incluía jefes de regiones militares y
oficiales con mando de tropas.
Aunque era una conspiración militar, había civiles
involucrados. El plan era simple: capturar a Fujimori y confinarlo en la Base
Aérea de Pisco, “eliminar” a Montesinos y destituir al general Nicolás Hermoza,
comandante general del Ejército. Se restablecería la Constitución de 1979, se
entregaría el poder al senador Máximo San Román y se convocarían a elecciones
generales para el año siguiente. Los decretos-leyes estaban preparados.
La operación empezó la noche del 12. El “centro de
comando” estaba en una casa de Surquillo, Lima. Sin embargo, al no llegar el
oficial que encabezarías las acciones durante la madrugada del 13, Salinas Sedó
ordenó posponer el contragolpe. La dictadura estaba enterada. Montesinos y
Hermoza ordenaron al general Luis Pérez Documet capturar a los conspiradores.
Hubo desplazamiento de vehículos militares por Lima. Instintivamente, Fujimori
se escondió en la residencia del embajador japonés.
Todos los conspiradores fueron confinados en la cárcel
Miguel Castro Castro. Después fueron llevados al antiguo Cuartel Bolívar. Los
periodistas Alejandro Guerrero y Alfonso Baella Tuesta se encargarían de
“reescribir” los hechos. En 1993 el entonces Consejo Supremo de Justicia
Militar dictó sentencia por rebelión y hasta intento de homicidio (todo payaso,
Fujimori mostró en TV el fusil con el cual, supuestamente, “pretendían matarlo”)
y los reos fueron llevados a la cárcel de la Fortaleza Real Felipe en el
Callao. Varios serían indultados meses después. En 1995 Salinas Sedó y quienes
seguían presos fueron amnistiados.
En 2001, en democracia, Salinas Sedó, Soriano y demás
fueron “reivindicados”. Para los reincorporados, en 2005 el Congreso aprobó una
ley para ascenderlos al grado inmediato superior, pero en 2007, tras sentencia
del Tribunal Constitucional, el gobierno de Alan García permitió el ascenso sólo
hasta coronel y no a once de ellos. Hoy todos están retirados.
En 1994 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
pidió al Perú realizar nuevos juicios en el fuero militar contra los
conspiradores, porque se violó el debido proceso, o dejarlos en libertad. No
obstante, la Comisión no elevó el caso a la Corte por “presión” de la entonces
embajadora peruana ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la abogada
Beatriz Ramacciotti, funcionaria servil de Fujimori. Tampoco se pagaron las
indemnizaciones ni se anuló el “delito de rebelión” en los legajos, solicitados
por la Comisión. En 2010 el Tribunal Supremo Militar-Policial archivó todos los
casos amparándose en la prescripción.
Al final, la Historia juzgará el 13 de noviembre de
1992.
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