Dos paros de transportistas en Lima y Callao, en menos de una semana.
El último paro fue contundente: casi no había vehículos de transporte público en la ciudad capital. El motivo de la paralización fue el mismo que las ocasiones anteriores: la ola imparable de extorsiones y sicariato a diferentes rubros de negocio. Especialmente, pequeñas y medianas empresas. A altas horas de la noche, la dirigencia transportista llegó a un acuerdo con el malogrado Gobierno nacional para la solución de siempre: una “mesa de trabajo”, a instalar la próxima semana. Próxima semana cuando varios ministros habrán renunciado para postular a una senaduría o una diputación en las elecciones generales del siguiente año.
Un par de días antes, un suceso viralizado en las redes sociales desató polémica y el hecho fue noticia en los medios de comunicación. Un joven policía, vestida de civil, subió a un bus de transporte público con su pequeña hija. Mediante una ley de 1994, la dictadura de Alberto Fujimori exoneró del pago de tarifas en el transporte público urbano e interurbano de pasajeros a integrantes de la Policía Nacional y el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios, aunque no vistan uniforme. Ha sido cotidiano ver policías subiendo a un bus y mostrando al chofer o el cobrador sus placas para no pagar. A ningún pasajero le ha disgustado jamás ese beneficio o lo ha cuestionado. Quien escribe sí lo ha hecho y no me retracto.
La mujer policía subió al bus, mostró su placa, pero el chofer, quien –además- cobraba la tarifa, le exigió que pague, un importe equivalente a dos soles. Ella replicó que no debía pagar, porque “es su derecho”. Él le la insultó (¡mal!) y exigió nuevamente que pague. Los pasajeros en el bus apoyaron al chofer-cobrador. La mujer policía entonces llamó por teléfono celular a sus compañeros en servicio. Ocho policías llegaron, detuvieron el bus y arrestaron al hombre, quien fue llevado a una comisaría. Ya tiene una denuncia en fiscalía por “desobediente y resistencia a la autoridad”, cuyas penas oscilan entre tres a seis años de prisión. El abogado de la mujer policía ha deseado públicamente que el juez imponga una “sanción ejemplar” al transportista.
En las redes sociales, los activistas “de derecha” destruyeron al transportista. La frase más leída “¡A la policía se le respeta!”. Sin embargo, el resto de usuarios tenía posiciones encontradas. Por un lado, reconocen que el beneficio es legal. Por el otro lado, admiten que la gran mayoría de la ciudadanía ve a la Policía Nacional como institución ineficaz, politizada y corrompida. Cierto, hay buenos policías y, tal vez, aquella mujer policía lo sea. No obstante, son esos policías acusados de corruptos, abusivos o criminales quienes logran mayor notoriedad.
Muchísimas personas se han percatado que escasean policías para enfrentar la criminalidad organizada, pero abundan en la represión. Por tanto, perciben que la Policía Nacional no sirve a la ciudadanía. Por eso el beneficio del viaje gratis en el transporte público comienza a ser cuestionado. No es un “derecho”, porque nunca los derechos de unos implican la obligación de otros. Es un “privilegio”, que se sustenta en la noción de una contraprestación: los policías nos cuidan y, por eso, tienen ciertos beneficios. ¿Qué sucede cuando la sociedad empieza a sentir que los policías nos los cuidan sino les atemorizan?, ¿por qué concederles beneficios que no se los están ganando?. No basta con chillar “¡a la policía se le respeta!” si los policías no inspiran respeto.
Si el
contexto social se sigue deteriorando como hasta ahora, los policías serán
señalados por mucha gente como los culpables, después de los políticos, y ahí
sí comenzará un sentimiento “anti-policial” y el beneficio de viajar gratis en
el transporte público quedará como una trivialidad.
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