En el marco de las facultades que el Congreso había
otorgado al Poder Ejecutivo para legislar en materia administrativa, económica
y financiera, se promulgaron varios decretos legislativos.
Un decreto modificaba la Ley General del Patrimonio
Cultural de la Nación de 2004 autorizando al Ministerio de Cultura que firme “contratos
de gestión cultural” con entidades públicas o privadas hasta por 10 años para
administración, protección, investigación, conservación, restauración, exhibición,
difusión y/o puesta en valor sostenible de determinados bienes inmuebles
integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación, sin transferencia de
propiedad ni cobro por explotación. Se excluyó monumentos declarados Patrimonio
Cultural de la Humanidad, como la ciudadela Machu Picchu en Cusco. La norma
legal era para detener el deplorable espectáculo de ver deteriorarse por acción
u omisión templos prehispánicos, edificios coloniales o viejas casonas
republicanas, parte de nuestra herencia cultural.
De inmediato, “chillaron” los “cusqueñistas” (campesinos,
obreros de construcción civil, maestros, estudiantes universitarios, políticos
e intelectuales de izquierda radical del Cusco) con el “cuco privatizador”.
Hicieron paro de 48 horas. Bloquearon avenidas y calles, paralizaron el
comercio, impidieron la circulación del transporte público y lograron que una
mayoría en el Congreso (ávida por la reelección el próximo año) derogue el
decreto legislativo.
En 2008 los mismos “cusqueñistas” casi incendian Cusco
protestando contra la Ley de Promoción
del Desarrollo Sostenible de Servicios Turísticos en los Bienes Inmuebles
Integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación aprobada el año anterior,
que permitía la concesión de bienes inmuebles integrantes del Patrimonio
Cultural de la Nación, previa evaluación técnica del entonces Instituto
Nacional de Cultural. El gobierno de Alan García hizo que el Congreso
modificase la ley transfiriendo la facultad de concesionar a los gobiernos
regionales para que decidiesen si quería hacerlo o no. A pesar que varios gobiernos
regionales del país (Cusco, no) aplaudieron la norma legal, los “cusqueñistas”
continuaron en sus trece y, finalmente, el Congreso derogó toda la ley.
¿Por qué esta actitud tan chocante y ridícula?. El escritor
Rafael “Rafo” León cree que esos “cusqueñistas” odian el turismo (surgido en la
década de 1950) y son fanáticos defensores del pasado incaico (¡se opusieron
hasta a una muestra itinerante de Arte Contemporáneo!), retardatarios (sueñan
con restablecer el Tahuantinsuyo, pero con un neo-Inca populista, estatista y
colectivista) y muy arrogantes (creen que el Perú y el mundo les “deben algo”)
y a León nadie puede acusarlo de “neoliberal” o “privatizador”.
Incluso “Rafo” señala que esos “cusqueñistas” saltan
como arañas ponzoñosas contra el Gobierno nacional, supuestamente, por el
Patrimonio Cultural de la Nación, pero no les molesta que la periferia de Cusco
esté atestada de invasores de terrenos que afean la histórica ciudad. ¿Qué se
va a hacer?. Así son estos “cusqueñistas”.
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