Noche del
miércoles 13 de marzo: diplomáticos de la dictadura de Nicolás Maduro en
Venezuela desalojaron la embajada venezolana en Lima.
El 26 de
febrero el Gobierno nacional dio un plazo de 15 días para que ellos abandonen
el país (el consulado se mantiene), porque el Perú desconoció a Maduro,
reconoció a Juan Guaidó como “presidente interino” y aceptó a Carlos Scull como
su embajador en Lima. El plazo venció el viernes 08. Reporteros y camarógrafos captaron
a quienes sacaban muebles deteriorados y computadoras antiguas (quizá comprados
hace más de veinte años) para subirlos a un camión. Al verse sorprendidos, los
abandonaron en la calle. Era un robo, pero esa escena absurda es el colofón ideal
a todo lo que implicó la “Revolución Bolivariana” para el Perú.
La “Revolución
Bolivariana” fue ese sueño ideológico en Venezuela, promovido por Hugo Chávez y
continuado por Nicolás Maduro, de “justicia social”, “redistribución de la
riqueza” y “solidaridad con los pobres”, que hoy es una pesadilla de
hiperinflación, miseria, ruina, latrocinio, delincuencia, represión,
violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hace más de una
década Chávez, con su chequera de cuantiosos dólares por exportación de
petróleo, quiso influir en los países de América Latina. El Perú no fue la
excepción. Sin embargo, para Chávez primero y después Maduro, el Perú les es
sinónimo de frustración y fracaso.
La pretensión
venezolana de influir en el Perú comenzó a partir de 2002. Entonces iniciaron
los primeros contactos con la izquierda radical peruana. Venezuela prometía a
quienes querían derrocar el gobierno de Alejandro Toledo y cargarse la
democracia restaurada en 2001 junto al modelo económico heredado de la década
de 1990 apoyo político, dinero y sustento ideológico.
Fue después
de 2006, bajo el gobierno de Alan García, cuando la injerencia venezolana
alcanzó el zenit. Fueron los años del activismo político de la diplomática
Virly Torres, las coberturas de la televisora venezolana TELESUR, las
proliferación de las Casas del ALBA (incluso investigadas por una comisión
especial del Congreso), los viajes frecuentes de “rojos” y “rojimios” a
Venezuela, la asistencia médica de la Cuba comunista, el agradecido barrio en
Pisco reconstruido con ayuda venezolana tras el terremoto de 2007 (tan
agradecido que después votó masivamente por la derecha conservadora), la
agitación política constante de izquierda radical (¿financiada con qué?), los
continuos asilos de opositores a Chávez (como al conocido ex diputado Óscar
Pérez), etc.
En 2011,
con el gobierno de Ollanta Humala, Chávez consiguió un aliado. Humala viajó a
Venezuela y hasta firmó convenios entre la petrolera estatal venezolana PDVSA y
su par peruana PETROPERU. Chávez murió y en 2013 llegó Maduro, con elecciones
presidenciales “fraudulentas” que el Perú, vergonzosamente, convalidó.
A partir de
2015 aumentó la emigración de venezolanos proporcionalmente al deterioro
político, económico y social de Venezuela. Para la época la “petro-chequera” ya
se había encogido. El contexto latinoamericano cambió. A partir de 2016 el
gobierno de Pedro Pablo Kucyznski acabó con la “complicidad” peruana hacia la
Venezuela bolivariana: dio facilidades a la inmigración venezolana y denunció
en cuanto foro internacional hubo la dictadura de Nicolás Maduro. La renuncia
de Kucyznski y la sucesión constitucional de 2018 no alteraron
significativamente la política exterior hacia Venezuela.
Como
vejestorio lanzado a la calle, así termina la fantasía de la “Revolución
Bolivariana” en el Perú.
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