La demagogia sale cara y las seis
demandas que el Perú tenía hasta el año pasado ante el Centro Internacional
para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), perteneciente
al Banco Mundial, donde las empresas extranjeras demandan a los estados por
violaciones a los tratados de protección de inversiones, lo demuestran. Así
funciona el Derecho.
¿Cuáles demandas?. La última, de
la minera canadiense Bear Creek Mining
Company, porque en 2011 el gobierno de Alan García le canceló una concesión
para aplacar una turba indigenista y extremista opuesta al proyecto minero
Santa Ana. El Perú perdió, pero Bear Creek
anunció estar dispuesta a “conversar” para evitar el desembolso de 1,200
millones de dólares.
También la demagogia municipal ha
ocasionado demandas ante el CIADI. El consorcio ecuatoriano-argentino CONVIAL
demanda al Perú la indemnización por 30 millones de dólares debido a que la
Municipalidad Provincial del Callao le anuló el contrato de concesión vial
(avenida Elmer Faucett) en 2007 tras una campaña demagógica encabezada por el
congresista Víctor Andrés García Belaunde contra el cobro del peaje (S/. 1.50)
y con comparsa periodística. Otro caso es la demanda de la familia
franco-israelí Levy, la constructora GREMCO y la subsidiaria GREMCITEL por
2,500 millones de dólares, porque la Municipalidad Distrital de Chorrillos no le
autorizó construir edificios de viviendas cerca del Morro Solar pretextando que
estaba dentro de la zona intangible desde 1977.
Algunas demandas ante el CIADI
son puro interés mercantilista: la misma familia Levy había presentado otra por
840 millones de dólares a raíz de la intervención del quebrado Banco Nuevo
Mundo en el año 2000. Igual la demanda que en 2011 presentó la empresa emiratí
DP World, operadora del muelle sur del puerto del Callao, por 200 millones de
dólares contra la concesión del muelle norte del mismo puerto al consorcio
danés APM Terminals. El consorcio español ELECNOR-ISOLUX demandó al Perú en
2012, porque se quejó de “excesivas obligaciones onerosas” para la concesión de
transmisión eléctrica otorgada en 2008 y que nunca cumplieron. La primera
demanda por 11 millones de dólares fue rechazada y presentaron otra por 3
millones. La contra-demanda peruana en 2013 les exige 35.9 millones por
incumplimiento de obligaciones contractuales.
También hay demandas polémicas,
como aquella del empresario chino Tza Yap Shum, a quien en 2004 la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) le imputó una
supuesta deuda fiscal de 13 millones de nuevos soles. De los 20 millones de
dólares que el empresario exigía, el CIADI sólo le aceptó un millón, que el
Perú ha apelado. Igual la empresa estadounidense Duke Energy International demandó al Perú 42 millones de dólares en
2003 por “discriminación” tributaria y cinco años después el CIADI sólo le
concedió 18.4 millones.
También el CIADI ha fallado a
favor del Perú (caso chilena Lucchetti en 2005 o caso multinacional Aguaytía Energy en 2008), pero entendamos
que la demagogia de los políticos cuesta. Nos cuesta.
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