Semanas atrás el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, anunció jactanciosamente que disolvería los equipos especiales de fiscalía dentro del Ministerio Público el día de Bajada de Reyes.
Gálvez lo hizo: firmó la resolución que desactiva los cuatro equipos especiales existentes. Dos de estos equipos eran los más conocidos: el Equipo Especial Lava Jato, creado en 2016 para investigar el “escándalo Odebrecht” (la mega-corrupción de la empresa constructora brasileña Odebrecht entre 2005 y 2014) y el Equipo Especial Cuellos Blancos, creado en 2018 para investigar la red de corrupción judicial cuyo rostro principal era el ex vocal supremo César Hinostroza, hoy refugiado en Bélgica. Los otros equipos eran para investigar delitos en el poder político y para investigar las muertes durante las violentas protestas callejeras entre 2022 y 2023, respectivamente.
La idea de crear equipos especiales en fiscalía tenía como propósito coordinar esfuerzos en casos penales complejos para fundamentar mejor las acusaciones ante los correspondientes fueros del Poder Judicial. De todos los fiscales especiales, dos se hicieron muy mediáticos: Rafael Vela y José Domingo Pérez. El “dúo dinámico”, como le dice el periodista Christian Hudtwalcker. Estos dos magistrados estuvieron decididos a ganarse aplausos de la ciudadanía y halagos de los medios de comunicación. Otros fiscales de los demás equipos, como Marita Barreto, fueron más discretos.
Vela y Pérez fueron populares, porque vendieron la ilusión que eran “implacables” contra la corrupción administrativa. Cuando en el Año Nuevo 2019 el entonces fiscal de la Nación, Pedro Chavarry, destituyó a Vela y Pérez, colectivos ciudadanos “de izquierda” protestaron en las calles del Centro de Lima. Chavarry reculó. Hoy Gálvez desactivó los equipos especiales y nadie parece importarle, excepto a personajes politizados. ¿Por qué?.
Un juicio es un espectáculo. Si las audiencias judiciales son un show, Vela, Pérez y otros fiscales se pasaron de histriónicos: pura pose, pura palabrería, poco o poquísima rigurosidad en la investigación. Así fue como terminamos viendo “organizaciones criminales” por todos lados y a todos cometiendo “lavado de activos”, cuando las hipótesis delictivas eran endebles. Se cometieron muchas injusticias, se dañaron imágenes respetables, se arruinaron vidas. El empresario Ricardo Briceño y el ex funcionario público Alberto Pasco-Font fueron dos ejemplos. Para colmo, pocos responsables fueron enjuiciados y condenados.
Gálvez decidió la desactivación, no preocupado por el debido proceso en el sistema de administración de justicia (le interesa un bledo la Constitución de 1993) sino buscando impunidad. Él se ha beneficiado disolviendo un equipo especial, Cuellos Blancos, que lo estuvo investigando. Sectores “de derecha” que celebran esa decisión también desean impunidad.
¿Cómo
repercutirá esa decisión en la ciudadanía?. Creo alentará la sensación de
impunidad frente al poder político y el deseo de que “un vengador” llegue
pronto y termine con “criminales” de traje y zapatos.
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