A los
medios de comunicación ha llamado la atención el alcalde de La Victoria, George
Forsyth.
Hijo del
diplomático Harold Forsyth, ex futbolista del club Alianza Lima, empresario y
casado con la actriz Vanessa Terkes, George fue electo el año pasado en los
comicios municipales y regionales. La Victoria no les es un municipio
desconocido de Lima, porque entre 2011 y 2015 fue regidor distrital.
Fundada en
1920, La Victoria nació como un distrito obrero, pero hoy es un municipio
residencial y comercial: hay viviendas, pero abundan las medianas y pequeñas
empresas. Por largos años el gobierno local se ha caracterizado por el
burocratismo, la corrupción y la ineficiencia. Seguridad, limpieza y ornato,
etc., son labores pendientes de la administración municipal. Forsyth tiene
intención de cumplirlas.
A cargo de
Fiscalización y Control, Forsyth puso a la abogada y activista social Susel
Paredes, quien estuvo en un puesto igual cuando Susana Villarán fue Alcaldesa
de Lima entre 2011 y 2015. Susel (por quien tengo simpatías, no lo niego) es
una mujer combativa y lo ha demostrado enfrentándose a las mafias dominantes en
La Victoria: quienes cobran sobornos por estacionar vehículos, por “alquiler”
de calles y veredas a vendedores ambulantes, por no clausurar negocios, etc. El
cuerpo de efectivos del Serenazgo ha sido “purgado” de malos elementos.
Sin
embargo, el principal reto de Forsyth y Paredes es el emporio comercial de
Gamarra, el principal centro de confección y comercio textil del Perú. Las
calles principales y adyacentes están tomadas por vendedores ambulantes hace
mucho tiempo. Un breve recorrido y usted puede conocer que lo ocupan casi todo,
perjudicando a los transeúntes y los negocios dentro de las numerosas galerías
comerciales.
Nuestro
sentido común nos diría que esos vendedores ambulantes son “informales”, que no
pueden asumir los costos de la formalidad y a quienes las autoridades
municipales deben “ayudar”. Ese sentido común viene de la “palabrería” que el
economista Hernando de Soto le vendió al Perú en la década de 1980 con su libro
El
otro sendero. He ahí la raíz del problema: basta de esa actitud
benevolente hacia el “informal”. En los Estados Unidos y Europa se le dice, sin
tapujos, “infractor”.
Infractor,
porque está violando normas. No interesa el motivo de la infracción. Infractor
es infractor. De nada sirve bajarle el costo de formalidad sin subir el costo
cero de la informalidad. De nada sirve prometer “formalizarlo”, porque el
infractor no merece premios sino castigos.
El infractor
no es una víctima o un héroe, como nos vendió De Soto. En el caso de los
vendedores ambulantes del emporio comercial de Gamarra, ¿cómo podemos creer en
la “cursilería palabrera” de De Soto sobre la informalidad cuando hemos visto que
estos “informales” son capaces de reaccionar ante la autoridad municipal con
cuchillos, varas, pistolas, puño limpio o violencia de gente lumpen?.
Esa actitud
tan benevolente hacia el “informal” es contraria al imperio de la ley. Que
Forsyth y Paredes lo entiendan si quieren vencer.

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