La pandemia viral COVID-19 en el Perú ha causado un
fenómeno social inédito: los “caminantes”.
Son decenas o cientos de personas moviéndose a pie
desde Lima hacia otro departamento del país o entre diferentes departamentos.
Son hombres, mujeres y niños caminando varios kilómetros, durmiendo al borde de
las carreteras, comiendo en ollas comunes o cualquier alimento donado por almas
caritativas. Soportan calor, frío, hambre y sed, pero continúan la marcha.
Nada parecido en América Latina y sólo igualable a
India, hay quienes pretenden comparar esta nueva migración interna con aquellas
oleadas de migrantes desde el campo hacia las ciudades o desde el interior del
país hacia Lima a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero no es similar.
Aquella migración fue lenta y paulatina, motivada por mejores condiciones
económicas u oportunidades de ascenso social. En las décadas de 1980 y 1990, también
para huir de la violencia terrorista y su (durísima) respuesta militar. Todo
ese fenómeno creó un Perú más pluri-cultural y pluri-étnico, como magníficamente
lo demostró el investigador Rolando Arellano en sus ensayos publicados sobre la
nueva sociedad peruana surgida a partir de la década del 2000.
Hoy es otra cosa. Cuando en la semana del 16 de
marzo pasado ese “aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante
la sucesión constitucional de 2018 decretó en todo el país el Estado de
Emergencia, el toque de queda y el “aislamiento obligatorio” para enfrentar la
pandemia (¡ay, qué firme!), había muchísimos jóvenes estudiantes y trabajadores
solos o con sus familias venidos a Lima o alguna otra cuidad desde distintos
lugares. Moraban en viviendas alquiladas, con algún empleo mínimamente
remunerado o ingresos variables y poco ahorro. La paralización casi total de la
economía y las restricciones a las libertades de tránsito y reunión les
afectaron completamente. Algunos tuvieron suerte y se fueron durante los primeros
días antes que no hubiera más transporte público interprovincial. Recordemos
que el “aventurero” nos repetía, al principio, que la excepcionalidad (mal
llamada “cuarentena”) duraría sólo 15 días, pero después se sumaron 13 días
más, 14 días más, 14 días más y todavía ignoramos cuándo terminará. Sin empleo
o ingresos, sin el bono 380 o las canastas municipales del Gobierno (clamoroso
fiasco), sin dinero y hasta sin vivienda, todos ellos no tuvieron otra
alternativa que volver con el resto de sus familias o sus amistades, aunque sea
a pie.
Creyendo serían algunas decenas de personas por cada
departamento, el Gobierno habilitó una pequeña partida presupuestal a los
gobiernos regionales para empadronar a quienes los contacten que deseen viajar,
contratar buses y alquilar hospedajes para el “aislamiento”, previo
sometimiento a la prueba de despistaje del virus. No obstante, las asignaciones
fueron insuficientes. Las decenas se convirtieron rápido en cientos. Paradójicamente,
el Gobierno ha gastado más repatriando personas desde el extranjero y
alojándolas en hoteles de Lima (si no son limeñas, el viaje al interior del
país es por cuenta propia) que en la migración interna. Por fin aviones de la
Fuerza Área comienzan a transportar algunas decenas de personas a ciertos
destinos desde su base en el Callao, pero no basta. Por eso a los demás no les
queda otra solución que caminar.
Por ahora esta migración interna ha permitido
liberar parcialmente la tensión social acumulada por la rigidez de la
excepcionalidad, pero tiene un límite. Asimismo, como sucedió tras los primeros
días, el contagio se extenderá más por todo el país y el virus se hará más
incontrolable.
En lo personal, los “caminantes” reflejan
dramáticamente cuánto está cambiando el Perú por culpa de un Gobierno trilero,
indolente y truhan, pero los últimos en percatarse de la magnitud del cambio
serán el “aventurero” y quienes aún lo respaldan.
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