Tras la
mención de “reforma laboral” por el Presidente de la República en la
tradicional reunión de ejecutivos CADE, el tema vuelve al debate después de
varios años.
Desde el
retorno a la democracia en 2001 se habla de “reforma laboral”. Empresarios,
economistas y políticos de derecha hablan de un mercado laboral “rígido” y “costoso”.
Sindicalistas, abogados laboralistas y políticos “rojos” y “rojimios” gritan “precariedad”,
“mayor fiscalización” o “defensa de derechos laborales”. Hoy, Su Excelencia
pretende estar al medio, intentando contentar a todos, pero pudiendo no
satisfacer a nadie.
En la
década de 1990 hubo una reforma laboral con dos objetivos centrales: primero,
eliminar trabas legales y bajar costos de despido de trabajadores. Segundo, impulsar
la contratación de mano de obra. No se buscó un cambio integral, unificar
normas u homogenizar beneficios. Incluso, para hacer viable los dos objetivos,
se “incrementaron” algunos “derechos” que antes no existían. Fue una
flexibilización light del mercado
laboral.
¿Por qué no
se avanzó más?. Entre los países de América Latina que flexibilizaron sus
mercados laborales, el Perú tomó un camino intermedio. Tal vez por la barrera
cultural. Durante decenios el APRA y el Partido Comunista “adoctrinaron” a los
trabajadores e inculcaron en la población la creencia que el trabajador siempre
es la parte débil en la relación laboral y la mejor manera de “protegerlo” era
otorgarle “más derechos”. La máxima expresión de ese deseo fue la legislación
laboral de la década de 1970 que garantizaba el “derecho a la estabilidad
laboral”. En la década de 1980 se evidenciaron las consecuencias de ese disparate:
por haber dejado de lado conceptos como producción, productividad y
competitividad, la “estabilidad laboral” se convirtió en el privilegio de
ciertos trabajadores sindicalizados, mientras el resto estaba en la
informalidad.
No
obstante, el elemento cultural es tan fuerte que “abortó” el efecto de la
reforma laboral de la década de 1990 desde el inicio. La legislación varió
parcialmente, pero los costos de despido volvieron a subir. En 2002 una
polémica sentencia del Tribunal Constitucional impuso una “traba” al promover
la “restitución” del trabajador despido más allá de las causales legales. Así
llegamos al presente.
¿Cómo
debiera ser una reforma laboral?. Primero, debe reducir al mínimo las decenas
de regímenes especiales. Segundo, adaptar el régimen general a los ciclos
económicos y las nociones de producción, productividad y competitividad de las
empresas. Para eso, fundamentalmente, debe bajarse al máximo los costos de
despido. Nada de reducir o eliminar beneficios actuales (costos salariales) del
trabajador.
¿Cree usted
que el Presidente de la República, obsesionado con su alta popularidad, quien
se ha quedado sin Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (renunció por las
declaraciones del CADE), liderará una reforma laboral no influenciada por el
empresariado, no presionada por los sindicatos y contraria a la creencia
popular?.
En lo
personal, lo dudo.
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