El caos y la anarquía se diseminan por el país.
Turbas de izquierda radical están haciendo de las suyas. En este momento hay protestas violentas en Piura, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Ancash, Lima provincias, Ica, Ayacucho, Arequipa, Huancavelica, Cusco, Tacna, Madre de Dios y Puno. El principal foco insurreccional es Apurímac. Lima Metropolitana tampoco está exenta de estos conatos de revuelta.
Estos manifestantes están armados con palos, piedras, armas blancas y armas de fuego de fabricación artesanal. Han tenido salvajes choques con la Policía Nacional. Quince comisarías policiales han sido quemadas. Hay más cien policías fallecidos. Las turbas de izquierda radical también han atacado propiedad pública o privada, ocasionado incendios, agredido periodistas e instalaciones de los grandes medios de comunicación, cometido saqueos y sembrado el terror entre la ciudadanía. El Gobierno nacional está recurriendo al Estado de Emergencia y el uso -aún atenuado- de las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público.
Como dije antes, no es “el pueblo” movilizado sino turbas de izquierda radical: células insurreccionales, promovidas por esos expertos de siempre en propaganda política y agitación de masas. Aquí no hay una “lucha por la democracia”, como sostiene el relato político injerencista difundido desde México, Honduras, Colombia, Bolivia y Argentina, a consecuencia de la caída del gobierno de Pedro Castillo. No, en el Perú hay una pretensión de la izquierda radical por subvertir la democracia restaurada en 2001 y el modelo económico heredado de la década de 1990 a través del caos y la anarquía.
Es importante entender esta premisa, porque una garrafal equivocación sería creer que esas turbas de izquierda radical, utilizando gente como “carne de cañón” (van ocho muertos en todo el país desde el inicio de las protestas), protestan, porque la Presidenta de la República no prometió el (cacareado) adelanto de las elecciones generales al juramentar. Razonamiento absurdo, porque Su Excelencia envió al Congreso un proyecto de reforma constitucional para convocar elecciones generales en 2024 e, inclusive, ha dicho que quiere “recortar plazos”, si fuese posible. No obstante, lejos de menguar, los conatos de revuelta han crecido en número e intensidad.
Phillip Butters, el conocido conductor de televisión, ha insinuado que, si la Presidenta de la República es incapaz de restablecer el orden público en el país durante las siguientes setenta y dos horas, debiera renunciar para que le suceda el Presidente del Congreso, conocido militar retirado y héroe de la pacificación contra el terrorismo comunista entre 1980 y el año 2000.
Aunque estos manifestantes de izquierda radical exigen la renuncia de la Presidenta de la República, sería ingenuo pensar que se detendrían allí. Ellos van por más: el cierre del Congreso, el inicio de un proceso constituyente para redactar una nueva Constitución y la liberación (más el retorno al poder) de Castillo, el sedicioso.
En varios de mis análisis anteriores creía que Castillo y la izquierda radical apelarían a la “violencia revolucionaria”, el enfrentamiento entre peruanos (la materialización del discurso de “lucha de clases”), para no perder el poder y seguir con su objetivo subversivo. La caída cambió el juego político y ahora quieren “incendiar el país” para escapar de la cárcel y regresar al poder.
Son horas difíciles
cuando la patria necesita firmeza. La izquierda radical no vencerá.
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