Fujimori libre

 

Consternación: la palabra apropiada para describir la sensación cuando conocí la noticia sobre la excarcelación del ex dictador Alberto Fujimori.

Hace un par de semanas el Tribunal Constitucional había remitido al Poder Judicial la causa por el Hábeas Corpus que la defensa de Fujimori había presentado el año pasado, el cual concedía su liberación basado en el indulto humanitario de 2017, y cuya ejecutoria fue “suspendida” con una medida cautelar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El respectivo juez en Ica falló que no procedía la excarcelación, porque sigue vigente la medida cautelar de la Corte y devolvió lo actuado a los magistrados constitucionales.

Todo debió acabar ahí. Sin embargo, en reacción sorprendente, irregular e ilegal, varios -no todos- los magistrados constitucionales declararon fundado parcialmente un “recurso de reposición” y, por tanto, el Tribunal Constitucional “ordenó” al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) la inmediata excarcelación de Fujimori: inédito. Incluso estos magistrados fueron más allá y “reprendieron” a aquel juez de Ica por no haber ordenado la liberación del ex dictador. De un plumazo, el Tribunal Constitucional ha pasado por encima del Poder Judicial y “se ha cargado” la Constitución de 1993, la legislación nacional y la jurisprudencia supranacional.

Quienes querían la excarcelación de Fujimori celebran la resolución del Tribunal Constitucional como el “símbolo” de una victoria política “de derecha” sobre los sectores “de izquierda” y, de inmediato, volvieron con la cantaleta de “salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Al otro lado, los sectores “de izquierda”, quienes alegan que el Tribunal ha pisoteado “la memoria, la justicia y la verdad” al “ordenar” la excarcelación de un preso octogenario por violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Por fuera de la polémica política, están los deudos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta en 1991 y 1992, respectivamente: hechos de sangre por los cuales Fujimori fue condenado en 2009.

Políticamente, no me molesta la excarcelación de Fujimori. Dejé de ser anti-fujimorista con el retorno a la democracia en 2001. Creo esta liberación no será gratuita: pagaremos como país un precio político alto. Por lo pronto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha requerido a Perú que se abstenga de ejecutar la excarcelación. Sin embargo, la Presidenta de la República y su Gobierno habrían decidido acatar el fallo del Tribunal Constitucional. Tampoco es un asunto tan simple como decir “vámonos de la Corte IDH”, porque hasta que no se materialice la denuncia del “Pacto de San José” de 1969 (dos o tres años) Perú está obligado a cumplir todas las resoluciones de la Corte mientras siga bajo su competencia contenciosa.

Aunque Fujimori tiene todavía procesos penales abiertos, esta excarcelación tiene un sabor a que se ha pervertido políticamente las instituciones y se ha torcido groseramente el imperio de la ley para conseguirla.

 

Por eso, no por el ex dictador, no auguro un buen futuro para Perú.