El 13 de noviembre de 1992 una veintena de oficiales activos y retirados del Ejército perpetraron un “contragolpe” a la dictadura de Alberto Fujimori.
El propósito era revertir el golpe de estado del 05 de abril de 1992. Para ello estos oficiales, liderados por el general Jaime Salinas Sedó (fallecido este año), planearon derrocar a Fujimori, arrestar al asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos y colocar en la Presidencia de la República al senador Máximo San Román, quien firmaría los decretos-leyes para restablecer la vigencia de la Constitución de 1979 y convocar a elecciones generales en 1993.
Una delación de último momento frustró el plan. Montesinos y el general Nicolás Hermoza, comandante general del Ejército y presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, un militar adicto a la dictadura, sofocaron rápidamente el levantamiento y arrestaron a los sublevados, quienes pasaron más de dos años presos en la Fortaleza del Real Felipe, en el Callao. Fujimori corrió esa noche a esconderse en la residencia del embajador japonés en Lima. Desde el retorno a la democracia en 2001 el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas se han negado reiteradamente a reincorporar, condecorar o resarcir a los militares sublevados.
Treinta años después la posibilidad de una intervención militar en la escena política no es descartable. Para cualquier observador sereno y analítico, es evidente que las Fuerzas Armadas no están con el “hombre sin sombrero” que ocupa la Presidencia de la República y su incompetente, corrompido e ideologizado Gobierno. Desde el incidente con el sociólogo Héctor Béjar, cuando la Marina de Guerra “se lo cargó” como Ministro de Relaciones Exteriores, el “hombre sin sombrero”, antes y después del sombrero, no ha hecho más que mostrarse débil ante las Fuerzas Armadas. El grosero intento de interferir en el ascenso de oficiales al Ejército y la Fuerza Aérea contribuyó más al desprestigio.
Esta vuelta a la presencia militar en la política empezó el 30 de septiembre de 2019, día en que el gobierno de Martín Vizcarra “estiró” la Constitución de 1993 como plastilina para forzar la disolución de la Cámara y “cargarse” el Congreso. Un “pronunciamiento” de las Fuerzas Armadas (más importante que una fotografía de los comandantes generales en el Palacio de Gobierno) a favor de Vizcarra fue el inicio. Al día de hoy, ha habido tantos “pronunciamientos” de las Fuerzas Armadas, todos contrarios al principio constitucional de no-deliberación, que ya casi nadie los condena. Incluso gran parte de la opinión pública los recibe aliviada, porque significa que las Fuerzas Armadas no están con el “hombre sin sombrero”.
Conociendo como ha sido siempre la mentalidad castrense peruana, no me sorprendería que dentro de las Fuerzas Armadas (en la oficialidad o la tropa profesional) comience a cundir la idea que la democracia restaurada en 2001 fracasó. La subordinación (casi)absoluta de militares a civiles ha conducido a la inestabilidad política, la corrupción descarada y el “peligro comunista” contra la paz y la tranquilidad de la sociedad. El país necesita un “elemento cohesionador” capaz de tutelar la nación y ayude a conducirla hacia la prosperidad y la seguridad.
¿La ciudadanía aceptaría una “intervención militar”?. Cuando ésta vea el país hundido en el caos y la anarquía, la violencia callejera y la destrucción masiva de propiedad en Lima y un “hombre sin sombrero” dispuesto a “incendiar el país” para salvarse, no serán pocos quienes pidan la intervención de las Fuerzas Armadas y quienes después los aplaudan por haber intervenido.
Una vez que
las Fuerzas Armadas intervengan nada volverá a ser igual en el Perú.
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