Detesto cuando políticos y periodistas
pretenden vernos como tontos.
Tras los recientes casos de
violación sexual denunciados en medios de comunicación, las congresistas Úrsula
Letona y Karla Schaefer han propuesto ampliar la pena de muerte para violadores
sexuales. Es “clamor popular”, aunque colegas suyos del fujimorismo no están de
acuerdo. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos dijo estar a favor, pero
después alegó que fue a “título personal”. El locutor radial Phillip Butters es
partidario de la pena de muerte, pero otros periodistas se han declarado
públicamente a favor.
Este debate en el Perú no es
nuevo. En 2006 el gobierno de Alan García “coqueteó” con la pena de muerte para
violadores sexuales de niños y niñas de 7 años de edad. En la población cundió
el entusiasmo, pero aquella vez a la gran mayoría de la opinión pública casi le
da un patatús y la idea fue desechada.
La Convención Americana de
Derechos Humanos de 1969, que el Perú firmó en 1978, prohíbe a los países que
abolieron la pena de muerte reimplantarla o a aquéllos que la restringieron,
ampliarla. La Constitución de 1979 restringió la pena de muerte sólo para
traición a la patria durante guerra externa. La Constitución de 1993 lo copió,
pero añadió para terrorismo (era “clamor popular” en la década de 1980), pero
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advirtió al Perú que violaría la
Convención si condenase a terrorista alguno a pena de muerte, por lo que jamás
se hizo.
Si hiciéramos lo que Letona, Schaefer
o Butters quieren, el Perú debe denunciar la Convención para salir del sistema
interamericano. Plazo: 2 a 3 años. La reforma constitucional demora un año,
mínimo, aprobarla. Después viene la reforma a los códigos penal y de ejecución
penal, ambos de 1991. Un año, al menos. El proceso penal en el Ministerio
Público y el Poder Judicial podría tardar 2 ó 3 años. Sumando todos los plazos,
serían 6 a 8 años para ver al primer condenado por violación sexual listo para
morir. Sin considerar apelación, nulidad, casación ni conmutación de pena, ¿dónde
está la eficaz SOLUCION INMEDIATA?.
¡Dejen de hacer demagogia!. Este
año se cumplen sesenta años de la ejecución del “Monstruo de Armendáriz” (en
diciembre escribiré al respecto), pero tanto “deseo” de satisfacer el “clamor
popular” me recuerda a Cuba. Cuando en 1959 triunfó la Revolución y Fidel
Castro tomó el poder, comenzaron los “juicios revolucionarios” donde se hallaba
culpable rapidito con la acusación de un denunciante o la “convicción” del
juez. Aunque la condena podía ser largos años de cárcel, por lo general era el
fusilamiento ante las tropas revolucionarias. Castro sabía que los
fusilamientos excitaban el morbo de las masas. Miles de fusilados, mientras las
masas en las calles gritaban “¡Paredón!,
¡paredón!”. “Justicia revolucionaria”, dijeron. En realidad, era cualquier
cosa menos justicia, porque los fusilamientos no se detuvieron ni siquiera con
esas masas que los aplaudían. Los fusilamientos también eran una forma de
control social.
Mucho cuidado con gritar “pena de
muerte”.
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