Continúa el “goteo” de audios legales sobre la
corrupción judicial, que ha indignado a gran parte de la ciudadanía.
El jueves pasado hubo nutridas marchas en Lima, Piura,
Chimbote, Trujillo, Iquitos, Huancayo, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Chiclayo,
Abancay, Puno, Tacna, etc. Colectivos ciudadanos, sindicatos, estudiantes, etc.
Los marchantes exigieron echar del Ministerio Público, el Poder Judicial y el
Consejo Nacional de la Magistratura a todos los “corruptos”.
¿Por qué ha indignado tanto estas revelaciones de
corrupción?. Ya desde el siglo XIX los escritores Ricardo Palma, Pedro Paz
Soldán y Unanue (Juan de Arona) y Manuel González Prada describían la
administración de justicia en el Perú como “arcaica” y “venal”. Tal vez, porque
a diferencia de sonados casos involucrando a políticos, empresarios, militares
o artistas, ahora toca al común y corriente. Cada peruano o peruana que ha
litigado en procesos civiles, penales o de familia sabe qué tan “lenta” o “poco
proba” puede ser la administración de justicia en esta tierra.
Este momento histórico requiere “cabeza fría”. Mejor
dicho, conocimiento y lucidez. Tampoco mezquindades ni ambiciones. Me molesta
que sectores de derecha conservadora estén agitando el “fantasma rojo” para no
cuestionar los (posibles) nexos políticos entre esta corrupción judicial y la
mayoría del fujimorismo en el Congreso, porque le “haríamos el juego a los anti-sistemas”.
Asimismo, me revienta que sectores de izquierda radical intenten manipular este
“sentimiento anticorrupción” para enarbolar otras consignas como “adelanto de
elecciones generales” o “nueva Constitución”. Realmente, “rojos” y “rojimios”
no quieren la lucha contra la corrupción sino otra cosa: alcanzar el poder para
“cargarse” la democracia restaurada en 2001 y -sobre todo- el modelo económico
heredado de la década de 1990.
Para asombro personal, el Presidente de la República y
su Gobierno están canalizando parcialmente esa indignación colectiva con la
creación de una comisión especial para la reforma judicial, presidida por el
ilustre jurista Allan Wagner, quien en 2014 lideró el equipo de juristas
peruanos que consiguió ante el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya el
fallo favorable al Perú en el diferendo marítimo con Chile. Su Excelencia
quiere un informe con propuestas de reforma para comunicarlas en su Mensaje a
la Nación ante el Congreso el 28 de julio. La Comisión Wagner puede empezar “actualizando”
el informe final de la Comisión Especial para la Reforma Integral de la
Administración de Justicia (CERIAJUS), creada por el gobierno de Alejandro
Toledo, que data de 2004.
Tengamos “cabeza fría”: la administración de justicia
no se reformara en un mes, seis meses, un año ni tres años. Tardará tiempo,
pero el Gobierno nacional y el Congreso pueden dejar un derrotero para seguir:
la reforma urgente al mecanismo de selección de integrantes al Consejo Nacional
de la Magistratura para que puedan conformarlo hombres o mujeres probos y
académicamente solventes. Después se deben cambiar los criterios de evaluación,
ascenso, ratificación, sanción y destitución de fiscales y jueces para hacerlos
más “meritocráticos” y “transparentes”. Poco a poco nuevos y mejores fiscales y
jueces sustituirían a los viejos o menos aptos. Si este objetivo se mantiene,
podemos lograr buenos resultados en el futuro.
Si está convencido, que el Presidente de la República
utilice los medios constitucionales a su alcance (cuestión de confianza, referéndum)
si el Congreso o el Ministerio Público y el Poder Judicial se resisten. Si no,
la “cabeza fría” se convertirá en una “cabeza caliente” y los termocéfalos
nunca, nunca toman buenas decisiones.
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