Susana Villarán, alcaldesa de Lima entre 2011 y 2015,
vive su hora más negra.
Recientes revelaciones periodísticas señalan que las
empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS aportaron conjuntamente 3 millones
de dólares en 2013 cuando Villarán se jugaba su mandato en la consulta popular
de revocatoria. Pertenece al “escándalo Odebrecht” y la trama de corrupción
brasileña en el Perú “Lava Jato”.
El Jurado Nacional de Elecciones convocó para inicios
de 2013 la consulta popular de revocatoria del mandato de Doña Susana y los
cuarenta regidores metropolitanos. Había descontento ciudadano con la ineficaz
y pésima administración de Villarán. Las encuestas de intención de voto daban
la victoria al SI, para que se vayan Doña Susana y los regidores villaranistas.
Al acercarse el día de la votación, comenzó un despliegue llamativo de
publicidad electoral por el NO, para que nadie sea revocado. Anuncios en radio,
televisión y prensa escrita. Paneles publicitarios por la ciudad. Camisetas,
globos, afiches y folletos diseñados para la campaña por el NO.
Hubo un comité de campaña por el NO, liderado por la
ex congresista Anel Townsend. A la campaña se sumaron actores, músicos,
intelectuales. La cara más visible era la actriz Mónica Sánchez. El comité era contra
la revocación de Villarán. Los regidores se encargaban de sus propias campañas.
Aunque muchos villaranistas hoy dicen no haber visto dinero en esa época,
concuerdan que el hombre del billete era José Miguel Castro Gutiérrez (hijo del
ex diputado Julio Castro Gómez), entonces gerente general de la comuna
capitalina.
Castro Gutiérrez fue muy cercano a Doña Susana. En
2014 estuvo involucrado en un escándalo con la Caja Metropolitana y un
irregular préstamo a la empresa de su amigo. Hacia alarde de ostentación: viajó
a Brasil para presenciar la copa mundial de futbol y poseía un lujoso automóvil
europeo, que nadie supo cómo lo compró con su sueldo. Fue el impulsor de la
concesión vial Rutas de Lima (el socio principal del consorcio era Odebrecht),
cuyo contrato se aprobó durante la campaña. También habría participado en las
renegociaciones del contrato de concesión vial Línea Amarilla (entonces Vía
Parque Rímac, con OAS) en 2012 y 2014.
Desde 2016 el socio principal en Línea Amarilla es la
constructora francesa Vinci y, en Rutas de Lima, la canadiense Brookfield. Sin
embargo, los referidos aportes en la campaña por el NO comprometen seriamente a
Villarán. No es solo que Odebrecht y OAS dieran dinero esperando beneficios
posteriores (lógica del empresario mercantilista) sino que, a diferencia de
otros sonados casos, cuando se apoyó financieramente a un candidato o una
candidata con el fin de lucrar si él o ella ganaban (no es ilícito), en esta
situación Doña Susana ya era funcionaria pública. Según el Código Penal de 1991,
la figura delictiva sería “cohecho pasivo impropio”.
El Ministerio Público ha pedido al Poder Judicial
impedimento de salida del país para Villarán y Castro Gutiérrez, aunque hay
voces que quieren prisión preventiva.
Veremos qué ocurre.
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