La noticia
del suicidio de Alan García, ex presidente de la República, conmocionó al Perú.
Inmerso en
las investigaciones por el “escándalo Odebrecht” (la mega-corrupción de la
empresa constructora brasileña Odebrecht en el Perú entre 2005 y 2014), el
Ministerio Público solicitó al Poder Judicial detención preliminar de García y
otros implicados por diez días. Cuando un fiscal y efectivos de la Policía
Nacional llegaron a su vivienda en Miraflores, Lima, para detenerlo y allanar
su casa, García subió hasta su dormitorio, se encerró con llave, cogió una
pistola y se disparó a la cabeza. Fue llevado de emergencia a un hospital, pero
falleció horas después.
Los restos
de García fueron llevados al local central del APRA, su viejo partido político.
Allí recibieron el “último adiós” de correligionarios, políticos de otras
tendencias y público en general. Posteriormente, fueron trasladados hasta un
cementerio privado para la cremación. La familia rechazó los “funerales de
Estado” que le correspondían, conforme al Reglamento de Ceremonias del Estado
de 2005. El Presidente de la República no asistió ni envió un edecán, pero
declaró tres días de duelo nacional.
El suicidio
de García fue una decisión personal, pero existieron factores desencadenantes.
Al margen de su obsesión por la recordación histórica, creo le horrorizaba, no
enfrentar un tribunal de justicia sino sufrir arbitrariedades de la
administración de justicia. Sí, porque el Ministerio Público y el Poder
Judicial están cometiendo arbitrariedades con la privación de la libertad
personal. Lo vio en los ex presidentes Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczysnki,
también dentro de las indagaciones por el “escándalo Odebrecht”. Quizá para
García sí correspondía la detención.
El año
pasado una sentencia del Tribunal Constitucional señalo límites a las medidas
de “detención preliminar” y “prisión preventiva”. Recientemente, un fallo de casación
del vocal supremo César San Martín insistió en el mismo tema. No obstante, los
fiscales especiales en el “escándalo Odebrecht” y la corrupción de otras
constructoras brasileñas y los jueces prevaricadores que los secundan abusan
del Derecho, pisotean la jurisprudencia y violan el Código Procesal Penal de
2004. Encima publican comunicados insolentes, se pasean por televisoras y
radioemisoras con pose de duros e implacables y reciben los aplausos de una “argolla
mediática”, más interesada en pasiones políticas y venganzas personales que en
una administración de justicia recta y eficaz.
Por
ejemplo, mayormente, los fiscales especializados parecen seguir las pautas de
IDL-Reporteros, el equipo investigador del periodista Gustavo Gorriti. La
teoría de fiscalía por la cual todo financiamiento ilegal de campaña electoral
(antes no era delito) equivale a “lavado de activos” es bastante cuestionable.
Hasta el momento NO HAY ninguna acusación fiscal contra nadie ni se ha iniciado
juicio oral a nadie. Ni a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, también
involucrada en el “escándalo Odebrecht”. Sin embargo, hay muchos personajes
(como el ex procurador ad hoc Ronald Gamarra llamándoles “Lloronas de Viernes
Santo” por la red social Twitter)
considerando cualquier crítica a esos fiscales y jueces como “boicot” a la
lucha anticorrupción.
Para
quienes creemos en el individuo por encima de la colectividad, tememos que la
lucha contra la corrupción se esté “desnaturalizado” en una lucha de “exterminio
político” y nos lleve a una sociedad de odio e infamia pudiendo liquidar con la
democracia restaurada en 2001 y barrer con las instituciones y el imperio de la
ley. Que Dios nos proteja y proteja al Perú.
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