Cuando creía que la derecha conservadora estaba
tranquila, salió con otra desagradable sorpresa.
La Comisión de Constitución y Reglamento del
Congreso aprobó la derogatoria del decreto legislativo promulgado este año. El
decreto modificaba el Código Penal de 1991 en relación a violencia contra la
mujer y violencia de género, conforme a la ley potestativa que facultó al Poder
Ejecutivo el año pasado a legislar en materia de reactivación económica y
formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, agua y
saneamiento y reorganización de PETROPERÚ.
La polémica surgió, porque el decreto legislativo
incluye a la orientación sexual y la identidad de género como categorías
expresas prohibidas de discriminación. Cabe precisar que hasta ahora sólo
estaba legislada la orientación sexual, tanto en el Código Procesal Constitucional
de 2004 y Ley para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar
de 2015. A pesar que tenía dictamen favorable de la subcomisión encargada de
revisar todos los decretos legislativos, finalmente, la Comisión aprobó la
derogatoria. El dictamen desfavorable debe ser aprobado o rechazado por la
Cámara.
La congresista Úrsula Letona, quien presidió la
subcomisión, inicialmente, aceptaba la constitucionalidad del decreto
legislativo, pero después cambió de parecer. Miguel Torres, presidente de la Comisión,
adoptó una postura “formalista” y dijo que no aceptaría “normas de contrabando”. Este muchacho es igual a su padre, Carlos
Torres y Torres Lara, presidente del Consejo de Ministros en 1991 y futuro
coautor de la Constitución de 1993, quien tenía los mismos aires de “sabiondo”.
Aún recuerdo sus justificaciones abogadiles sobre los “decretos supremos
extraordinarios” (figura constitucional que jamás existió) ante la Cámara de
Diputados en 1991. Más de un diputado gritaba “¡Quítenle el título!”.
Hasta ahí no escapa de un debate parlamentario. Sin
embargo, la congresista Nelly Cuadros, integrante de la mayoría absoluta del
fujimorismo como Letona y Torres, publicó en su cuenta de la red social Twitter
“Acabamos con la 'Ley mordaza' contra
quienes nos oponemos a la 'ideología de género'”. Mejor dicho, la
derogatoria del decreto legislativo sólo sería otra movida homofóbica del
sector más reaccionario de la derecha conservadora (el fujimorismo más la
Iglesia Católica y las iglesias evangélicas) contra gays, lesbianas, transexuales, trans-género e intersexuales, contra
quienes ya no disimulan odio.
¿Qué implicaría la derogatoria?. Para el Ministerio
Público y el Poder Judicial serían más difíciles procesar y juzgar a quienes
cometan o inciten a cometer “crímenes de odio” contra gays, lesbianas, transexuales, trans-género e intersexuales, como
el pastor evangélico cubano Rodolfo Gonzáles (cobarde que huyó a El Salvador) o
el comunicador social Phillip Butters.
Todavía hay esperanzas que la presión social y
mediática fuerce al fujimorismo a rechazar la derogatoria en la Cámara. Por el
imperio de la ley y la igualdad de derechos y deberes.
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