Lastre de descentralización

 

La semana anterior falleció el congresista Hernando Guerra García en Arequipa.

Guerra García fuera de la ciudad cuando sufrió una descompensación. Inmediatamente, fue trasladado a un centro de salud cercano, pero este lugar no estaba habilitado para la recepción de pacientes. Antes de ser trasladado otra vez, el conocido “Nano” falleció de un paro cardiaco. Que descanse en paz quien fallezca, sin importar color político o signo ideológico.

Ese centro pertenece a la Dirección Regional de Salud, cuya operación, mantenimiento y equipamiento corresponden al Gobierno Regional de Arequipa. Si todos los gobiernos regionales reciben anualmente ingentes cantidades de dinero por pagos de impuestos (véanse las leyes presupuestales aprobadas por el Congreso cada año), ¿por qué habría centros de salud sin funcionamiento o mal equipado?.

Gran avance político del retorno a la democracia en 2001 fue la descentralización. En 2002 el Congreso aprobó la reforma a la Constitución de 1993 que cambiaba todo el capítulo sobre la descentralización y se aprobaron las respectivas leyes buscando presidentes regionales gestores, consejos regionales resolutivos y consejos de coordinación regional deliberantes. A su vez, el Poder Ejecutivo iría evaluando a través de un “consejo de descentralización” la capacidad regional para ejecutar obras públicas y asumir competencias de gestión. Así se ideó la descentralización en 2002 cuando el gobierno de Alejandro Toledo convocó a elecciones regionales ese año.

El proceso de descentralización alentó tanto las expectativas ciudadanas por mejores servicios de educación y salud y mayor infraestructura como la avidez de políticos oportunistas deseosos de obtener réditos. Aunque la formación de regiones fue truncada por los resultados del Referéndum de 2005, los gobiernos regionales estaban asentados cuando en 2007 el gobierno de Alan García decidió “acelerarles” las transferencias de competencias y recursos. En poco tiempo y sin evaluar la ejecución del gasto, los presidentes regionales terminaron administrando dos tercios del presupuesto nacional destinado a la inversión pública.

Falta de planes de inversión pública, carencia de personal cualificado, poco o nulo control administrativo y debilidad del sistema de partidos políticos permitieron burocracias regionales “doradas” y “bribones” en las presidencias regionales para forrarse de billetes. En la actualidad, la corrupción administrativa es muchísimo mayor en gobiernos regionales (también gobiernos locales) que en el Poder Ejecutivo. No obstante, a los políticos regionales les es bastante fácil excusar la incompetencia, la mediocridad y la venalidad culpando a Lima por los males en los departamentos. Por eso tenemos presidentes regionales siempre exigiendo dinero y “arrodillándose” ante cualquier inquilino del Palacio de Gobierno que les de dinero.

Ojalá el fallecimiento de Guerra García fuese un acicate para la reforma de todo el esquema de descentralización, pero nuestro sistema político se vuelve cada vez más incapaz de reformarse a sí mismo.