El caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción
en América Latina en los últimos años, está cobrando una primera víctima
política en el Perú: el APRA.
Según informaciones del Departamento de Justicia de
los Estados Unidos, en el Perú, Odebrecht pagó por sobornos alrededor de 29
millones de dólares, entre 2005 y 2014. Precisamente, por ahora, tres
funcionarios públicos durante el gobierno de Alan García, entre 2006 y 2011,
son señalados de haber sido “sobornados” por la referida empresa constructora
brasileña. Edwin Luyo, integrante del comité encargado de licitar la obra civil
para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima, quien está detenido.
Jorge Cuba, ex viceministro de Comunicaciones, y su pareja, la ex voleibolista
Jessica Tejada, quienes habrían huido a los Estados Unidos. Miguel Ángel
Navarro, otro funcionario cercano a Luyo y Cuba, quien también fue detenido.
Aunque Luyo, Cuba y Navarro no son militantes
apristas, las (supuestas) implicancias de ellos y otros más con el caso Odebrecht
sí “salpica” al APRA y, especialmente, a Enrique Cornejo. Economista de
profesión, Cornejo es el candidato con mayores posibilidades de ganar la
Secretaría General del APRA si se celebran las (postergadas) elecciones
internas. Tiene apoyo de muchas bases partidarias y pregona un mensaje “renovador”
al octogenario partido político, que lo necesita.
Tecnócrata convertido en político o político con
perfil tecnocrático (“tecno-político”, como gusta decir el periodista Juan de
la Puente), Cornejo tiene hoy “buena” imagen pública: en 2014 fue candidato
aprista a la Alcaldía de Lima y obtuvo 18% de votos válidos: un segundo lugar
por mérito propio considerando que las encuestas de intención de voto le daban
al inicio 5% y la maquinaria partidaria del APRA no le ayudó. Actualmente, es
el “pre-candidato” mejor posicionado para tentar otra vez la Alcaldía de Lima
en las elecciones municipales y regionales del próximo año.
Cornejo es militante aprista hace tiempo. Bajo el
gobierno del APRA en la década de 1980 fue, primero, Secretario General de la
Presidencia de la República y, después, jefe del Instituto de Comercio Exterior
(ICE), la entidad pública encargada del control de importaciones a mercancías
extranjeras: una de las más corruptas en el Estado. El ICE fue desactivado en
1990.
En 2006 el gobierno de Alan García reclutó técnicos
independientes o no-partidarizados para la administración pública. Cornejo, sin
embargo, fue la excepción: primero fue Presidente del Banco de la Nación.
Después Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Por último, Ministros
de Transportes y Comunicaciones. En los tres cargos su desempeño fue
relativamente eficiente, pero el último cargo le está generando los presentes
cuestionamientos.
Si el Ministerio Público llegase a acusar a Cornejo
por el caso Odebrecht, el Poder Judicial lo juzgará. Así es la justicia, aunque
quizá se perdería una oportunidad para esa “renovación” aprista que la actual cúpula
no desea. Esto trazaría el destino del APRA para los siguientes años.
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