Contundente: según la última
encuesta Pulso Perú de la encuestadora DATUM, 67% de limeños y limeñas cree que
la Municipalidad Metropolitana de Lima “no ha hecho nada” para mejorar el
transporte público urbano e interurbano de la capital.
Dos de cada tres encuestados no
ve por ningún lado la voceada “reforma del transporte” de la alcaldesa Susana
Villarán. De ahí que desaparecieran esos políticos, periodistas o intelectuales
que aplaudían como focas a Villarán, porque realizaría una “reforma”, sin
pensar siquiera qué tipo de reforma haría ni cómo la realizaría o a quiénes realmente
beneficiaría. Por eso salieron María Jara, gerente de Transporte Urbano (a
quien no veíamos desde el desastroso empadronamiento de taxis el año pasado), y
la misma Doña Susana a defender nuevamente la “Reforma” en un debate televisivo
y en el Congreso, respectivamente.
Tres años después de cambiar
paraderos en grandes avenidas, desplegar batallones de inspectores, cambiar antojadizamente
el prototipo de vehículo “bus-patrón” (3 al 4), licitar rutas de corredores
viales que sólo existen en papel, crear congestionamientos vehiculares por
policías de tránsito mal ubicados durante las “horas-punta” (mañana, tarde y
noche), otorgar concesiones viales “turbias” y crecientes denuncias de
accidentes de tránsito causados por empresas de transporte público, 73% de
limeños y limeñas cree que el transporte público urbano e interurbano sigue igual.
Incluso 14% cree que ha empeorado.
Por su parte, Villarán culpa al
Ministerio de Transporte y Comunicaciones por las licencias de conducir
no-suspendidas, la Policía Nacional por no imponer multas de tránsito y la
Municipalidad Provincial del Callao por no retirar permisos de circulación de
empresas infractoras que también circulan por Lima. Esta problemática requiere
soluciones integrales: según expertos, varios cambios reglamentarios (mejoren
la calidad del servicio, promuevan la competencia y eficiencia, reduzcan accidentes
de tránsito y congestión vehicular y disminuyan la contaminación ambiental) y
un ente nacional rector y fiscalizador, como la Superintendencia de Transporte
Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN).
El pasado enseña: en la década de
1950 la dictadura del general Manuel Odría quitó autorizaciones de ruta a los
dueños de las empresas para entregárselas a las federaciones de chóferes. Poco
a poco el transporte público adquirió un rostro “proletario”, a medida que la
preocupación paso de costos, ganancias, ahorro e inversión a repuestos,
combustible, cobro de las tarifas y recojo de pasajeros o pasajeras. En la
década de 1990 se permitió la formación de empresas, pero como surgieron a
partir de las antiguas federaciones, la realidad cambió poco. ¿Por qué el
cambio originalmente?. Las federaciones estaban dominadas por el APRA y Odría quería
minar la influencia gremial aprista. Usuarios y usuarias, al diablo.
A pesar de Doña Susana y sus
corifeos, la población de Lima no es tonta e intuye mayoritariamente que la cacareada
“Reforma” nunca fue para beneficiarla.
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