El 22 de agosto se cumplen 85 años de una fecha histórica que, por
desgracia, ha sido olvidada: la insurrección militar que acabó con la dictadura
de Augusto B. Leguía.
La historiografía peruana llama a este episodio la
“Revolución de 1930”
y tuvo como epicentro a Arequipa y artífice a Luis Miguel Sánchez Cerro, un
entonces comandante del Ejército inculto, vulgar, ambicioso y autoritario. Detrás
estaban patricios como Clemente J. Revilla, hacendado y ex Ministro de Fomento
y Obras Públicas, o Manuel A. Vinelli, químico-farmacéutico, Ministro de
Hacienda y Comercio hasta el golpe de estado de 1919 que instauró la dictadura.
Sin embargo, una de las principales figuras públicas
sumadas a la “Revolución de 1930”
fue José Luis Bustamante y Rivero: jurista, catedrático universitario y tenaz
opositor a Leguía. A él corresponde el llamado “Manifiesto de Arequipa”, un
bello texto difundido por todo el país cargado de patriotismo, optimismo e
idealismo. El texto dice: “Hace más de
once años que sufre el Perú los crecientes desmanes de un régimen corruptor y
tiránico, en el que se aúnan la miseria moral y la protervia política...”.
La condena a la dictadura de Leguía es demoledora: ha
violado la Constitución de 1920, exacerbado el centralismo quebrando la unidad
de la República, quebrado las finanzas públicas y elevado exponencialmente la
deuda externa, agobiado a la nación con “desproporcionados
e injustos” impuestos y recargados aranceles de importación, fomentado
monopolios privados y beneficiado exclusivamente a capitalistas extranjeros,
privado de independencia a los tribunales de justicia y saqueado las
municipalidades, además de haber pervertido las universidades. También señala
la censura vigente, la falta de libre pensamiento y la adulación y el
servilismo al dictador, la corrupción del Ejército, etc.
Entonces vienen las promesas “Vamos a moralizar primero y a normalizar después la vida institucional
y económica del Estado; para ello, hacemos hoy un supremo llamamiento a todos
los hombres honrados del Perú, para derrocar a la tiranía más cínica que
registrará nuestra Historia, restaurar nuestros fundamentos constitucionales y
hacernos dignos hijos de una nación libre”. Básicamente, la “Revolución de 1930” prometió: moralizar la
administración pública, cumplir y hacer cumplir la Constitución de 1920
mientras esté vigente, convocar a prontas elecciones generales verdaderamente
libres, depurar la legislación, autonomía económica a los departamentos,
garantizar la libertad de expresión, devolver la majestad al Parlamento y la
excelsitud a la judicatura, redimir al indígena, beneficiar al proletariado,
industrializar el país, castigar a quienes se enriquecieron ilícitamente con
Leguía, desterrar las prácticas corruptoras y reorganizar las Fuerzas Armadas.
Salvo las elecciones generales de 1931, nada del florido
manifiesto se cumplió por fracaso o falta de realización. Sólo fueron promesas
que volaron con el viento y costaron al Perú décadas pérdidas de libertad,
equidad y bienestar. Que ya no se pierdan más oportunidades.
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