En medio
del conflicto de Las Bambas entre comuneros y la empresa minera china MMG (aún
no resuelto), ha pasado desapercibido un acontecimiento significativo.
Se cumplen
diez años de la sentencia al ex dictador Alberto Fujimori, cuya condena fue a
25 años de prisión efectiva por homicidio calificado en las matanzas de Barrios
Altos y La Cantuta de 1991 y 1992, respectivamente, y el secuestro agravado del
periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992. Violación de
derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Fujimori
fue extraditado de Chile en 2007 (a donde había arribado desde Japón) para ser
juzgado por varios casos, entre ellos Barrios Altos y La Cantuta. Este proceso penal
fue el más importantes de cuantos afrontó -y aún afronta- el ex dictador. Casi
dos años demoró el juicio dirigido por los vocales supremos César San Martín,
Víctor Prado y Hugo Príncipe. La acusación fue sustentada por los fiscales
supremos Avelino Guillén y José Antonio Peláez. La defensa de Fujimori fue el
abogado César Nakazaki. También hubo una parte civil defendida por conocidos
abogados pro-derechos humanos como Gloria Cano y Carlos Rivera.
Fue un “mega-juicio”,
reseñado por los medios de comunicación en los pormenores. En la primera
audiencia un exaltado Fujimori dio su (famoso) gritó de “¡Soy inocente!”. En lo personal, fue un “espectáculo judicial”:
Fujimori guiñó el ojo a su ex asesor Vladimiro Montesinos, Fujimori confesó que
no leía la revista semanal Caretas,
Fujimori se quedó dormido en una de las audiencias, etc. Como todo espectáculo
tuvo un final: la lectura de sentencia, con una bella relatora de perfecta
dicción, que se ganó aplausos.
“Autoría
mediata” fue la teoría jurídica de novísima doctrina procesal usada para
condenar a Fujimori. Su defensa legal -y política- alegaba que el ex dictador
nunca conoció las actividades delictivas del destacamento militar Colina,
autores materiales de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, y los
servicios de inteligencia, culpables de los secuestros de Gorriti y Dyer. Sin
embargo, según la “autoría mediata”, no era necesario que Fujimori conociera de
antemano las actividades de Colina y los agentes de inteligencia. Bastaba que
nada hubiese hecho (especialmente, después del golpe de estado del 05 de abril
de 1992) para detenerlos. Aunque la “autoría mediata” fue usada en nuevos
juicios penales a Abimael Guzmán y su cúpula terrorista de Sendero Luminoso,
esta teoría todavía genera polémica entre políticos y abogados penalistas.
Fujimori
fue confinado al cuartel policial Barbadillo, donde se le acondicionó una
pequeña prisión como mini-departamento. Con relativas comodidades y permanente
asistencia médica, el ex dictador es el preso más oneroso del Perú: nos cuesta muchísimo
más que un preso común. En Barbadillo, Fujimori cultivó la jardinería, pintó
cuadros (“un adefesio”, dijo el pintor Fernando de Szyszlo), vio casarse a una
de sus hijas, convocó partidarios, ganó judicialmente su derecho a tener
teléfono público, entraba y salía por problemas de salud, etc. Así vivió sus
días hasta 2017 cuando el indulto humanitario, pero es otra historia.
¿Cuál es el
legado de ese juicio a Fujimori?. Siempre me remito a las palabras del ex
procurador ad hoc Ronald Gamarra en
2009: no importa que Fujimori no llegue a cumplir los 25 años. Sólo haber sido
juzgado y sentenciado es un primer paso a favor de la justicia y contra la
impunidad en el Perú. Me
quedo con eso.
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