Con el nuevo Gobierno nacional un tema de política
exterior cambiará significativamente respecto al que se va: Venezuela.
Para nadie es un secreto lo que ocurre en Venezuela:
inflación creciente y pérdida de valor adquisitivo del “bolívar fuerte” (la
moneda desde 2006), escasez y desabastecimiento de bienes esenciales con
precios regulados (hay control de precios desde 2003), nacionalización de
empresas y destrucción del aparato productivo, aumento del desempleo y
sub-empleo, enorme déficit fiscal (por caída de la renta petrolera y gasto
público descontrolado) y endeudamiento externo exorbitante, mercado negro. Falta
medicamentos por la ausencia de divisas para importarlos (hay control de
cambios desde 2003) y colapsó casi totalmente el sistema de salud. La
delincuencia callejera y la criminalidad por bandas armadas han arrebatado la
vida de centenares de venezolanos y venezolanas. Por último, existe una
dictadura que persigue y encarcela opositores (hay “presos políticos” desde
2003, pero la cifra se disparó a partir de 2014), reprime brutalmente protestas
callejeras, militariza la sociedad y ultraja el imperio de la ley, al mismo
tiempo saquea el erario público y coquetea con el narcotráfico enmascarada en
la propaganda política de la “Revolución Bolivariana” iniciada en 1999.
El saliente Presidente de la República y su Gobierno
y otros gobiernos latinoamericanos son corresponsables cuando permitieron en
2013 que el sindicalista Nicolás Maduro tomara el poder tras morir el ex teniente
coronel Hugo Chávez (1999-2013), en contra de la Constitución de 1999, y “avalaron”
la “fraudulenta” elección presidencial celebrada por el Consejo Nacional
Electoral ese año. Tampoco protestaron por el encarcelamiento ilegal del ex
alcalde capitalino de Chacao, Leopoldo López, y otros opositores tras las protestas
callejeras en 2014. Por último, callaron cuando Maduro empezó a utilizar el
Tribunal Supremo de Justicia para menoscabar a la Asamblea Nacional con mayoría
opositora desde este año.
Los últimos cambios de gobierno en Brasil y
Argentina, pero -sobre todo- el asco que está provocando la dictadura de
Nicolás Maduro en América Latina y el mundo han provocado el creciente
aislamiento internacional de Venezuela. La votación en el seno de la
Organización de Estados Americanos (OEA) para oír el informe presentado por el
secretario general Luis Almagro sobre la realidad venezolana y la “activación”
de la Carta Democrática Interamericana de 2001 fue el triunfo de países como
Colombia, Costa Rica, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y
Uruguay frente a Bolivia, Ecuador, El Salvador, Haití, Nicaragua o la República
Dominicana, que por afinidad ideológica o intereses económicos aún apoyan a
Venezuela. Por fortuna, el Perú estuvo en el primer grupo.
El nuevo Gobierno puede influir para cambiar la
situación de Venezuela. El Perú se lo debe a un país que antaño acogió a
peruanos y peruanas en busca de un futuro mejor y a venezolanos y venezolanas
que hoy han optado por el Perú como su “segunda patria”. Que así sea.
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