Caos: es la primera palabra en mi mente para describir la semana pasada en el Perú.
El Presidente de la República, realmente, creyó que “cargarse” quince generales de la Policía Nacional no tendría repercusiones. Varios comunicados de altos oficiales policiales y militares protestando y la amenaza velada de una “huelga policial” (inconstitucional, por cierto) el viernes y el sábado. El domingo pasado, en una entrevista simultánea con cuatro periodistas, Su Excelencia dijo que no habría marcha atrás: su Gobierno tenía la intención de “sentar las bases” para una posterior reforma (añadió que a él no le alcanzará el tiempo para implementarla) y el Ministro del Interior (responsable político) tenía todo su respaldo y el respaldo de la Presidenta del Consejo de Ministros. Cuatro días después, el Ministro del Interior cayó fulminado por la revelación sobre un (supuesto) hermanastro preso, integrante de la cúpula terrorista de Sendero Luminoso. Aun así, en entrevista radial, el Presidente de la República reiteró que el asunto de los generales destituidos no estaba en discusión, el nuevo Ministro del Interior lo ha contradicho alegando que el nombramiento del Director General de la Policía Nacional es “revisable”.
La semana estuvo marcada por la protesta violenta de trabajadores de las empresas agroexportadoras en Ica y, después, en La Libertad contra la Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario del año 2000, la cual fue prorrogada diez años más con un decreto de urgencia durante el interregno parlamentario el año pasado. Aunque Su Excelencia prorrogó (undécima vez) el Estado de Emergencia y toque de queda (a partir de la medianoche), con restricciones a las libertades de tránsito y reunión (contra la pandemia viral COVID-19), desde el Gobierno se habla de “legítima protesta”. Bloqueo de tramos de las carreteras Panamericana Sur y Panamericana Norte, quema de neumáticos, ataque a vehículos varados, destrucción y saqueo de las oficinas de algunas empresas agroexportadoras, enfrentamientos con la Policía Nacional (que tenía órdenes de no desbloquear las vías) y dos jóvenes fallecidos, pero la Presidenta del Consejo de Ministros fue al Congreso para solicitar la cuestión de confianza (la Cámara se la dio por amplísima mayoría), con un discurso propio de un país tranquilo y no uno donde la izquierda radical azuza masas y siente cercana la toma del poder. El Presidente de la República refería a corresponsales extranjeros que “fuerzas oscuras” intentan “desestabilizar” su Gobierno, pero no realizó ninguna acción hasta que el Congreso aprobó el viernes la derogación de la ley.
En mensaje televisado, Su Excelencia dijo que la protesta violenta para conseguir una demanda puntual no debía repetirse, pero peca de ingenuo: comuneros bloquean la carretera hacia la mina Las Bambas en Apurímac por exigencias a la empresa minera, comuneros atacaron un campamento de la empresa transportadora de gas natural en Ayacucho, obreros del Complejo Metalúrgico de La Oroya bloquearon el tramo de la Carretera Central en Pasco, la Federación Médica anunció una huelga general indefinida por hartazgo de intentar hablar con la Ministra de Salud (quien ha repetido plato), sin éxito. A partir de ahora, viviremos un ambiente de protesta continúas -y violentas-, justificadas o no, hasta el inicio de la campaña electoral. Por desgracia, este Gobierno no gobierna.
La tónica constante: los medios de comunicación minimizarán las protestas hasta que no puedan. Culparán a otros, pero nunca al Presidente de la República y su Gobierno. No habrá cobertura constante, pero si opiniones moralistas. Si hubiese muertos, exigirán investigaciones al Ministerio Público y sanciones al Poder Judicial, pero no renuncias. Dramatizarán hasta que la protesta y, entonces, la olvidarán. Sin embargo, cada protesta sería un motivo más para otra marcha juvenil en el Centro de Lima, más hashtag en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, y más endiosamiento a la llamada “Generación del Bicentenario”.
Solamente,
es el comienzo.
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