Escuché al escritor Víctor Andrés
Ponce hablar del peligro que representaría para la democracia una candidatura
presidencial del general Daniel Urresti, actual Ministro del Interior. Creo que
el peligro no va por ese lado.
Según mencionó el periodista
Enrique Castillo, dentro del Palacio de Gobierno hay una “lucha de poderes”
entre el Presidente de la República y la Primera Dama de la Nación (¿hace
tiempo que no aparecen públicamente juntos o me equivoco?) por la candidatura
presidencial del Partido Nacionalista para las elecciones generales de 2016. Su
Excelencia apoyaría a Urresti, mientras doña Nadine Heredia apoyaría a la
congresista Ana Jara, que hoy es la Presidenta del Consejo de Ministros. Ignoro
si esta afirmación es verídica, pero en esa pugna iría ganando el primer
mandatario.
Recientemente, los medios de
comunicación revelan denuncias sobre dinero oscuro que Heredia, su hermano y
allegados habrían recibido del prófugo empresario Martín Belaunde Lossio o
empresarios peruanos radicados en Venezuela. La fuente de información es la
Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Banca y Seguros. El
conocido escándalo de las “asesorías por miles de dólares”, cuya acusación por “lavado
de activos” fue desestimada por el Ministerio Público en 2009. El Gobierno
nacional y los congresistas nacionalistas cierran filas con la Primera Dama de
la Nación e incluso invocan un Habeas Corpus para impedir la reapertura de la
investigación fiscal. Esas denuncias serían para mellar la imagen pública de
Doña Nadine y minar su influencia dentro del partido oficialista, pero aún dudo
de la pulla. Además, la prensa está dando tribuna al denunciante de este caso,
un ex asesor nacionalista hoy aliado a un partido político formado por antiguos
terroristas de Sendero Luminoso.
Si a esa disgregación de la
democracia, también influida por todo el escándalo Belaunde Lossio y la
vinculación con la pareja presidencial, le sumamos la actitud destructiva
opositora del APRA y el fujimorismo, que se niegan a “dialogar” con el Gobierno
nacional hasta que no caigan algunos ministros, se cierne una crisis de
gobernabilidad. Falta año y medio y hay mucha “sangre en el ojo” y deseos de
venganza. Bajo ese ambiente, que la Comisión Permanente del Congreso aprobara
una trascendental reforma al Código Penal de 1991 para impedir que el Poder
Judicial sentencie prisión suspendida a funcionarios o servidores públicos
condenados por colusión grave o peculado doloso (¡corrupción!), que mantendría
presos a los ex presidentes regionales de Ancash y Cajamarca, será percibido
por la ciudadanía como una insignificancia.
Hoy más que nunca deben
prevalecer la Constitución de 1993, el imperio de la ley y las instituciones.
Si no, la democracia en el Perú estará en peligro.
Nota
aparte:
pocos recordaron que se cumplieron veinte años del inicio del “conflicto del Cenepa”
contra Ecuador, la guerrita de la dictadura de Alberto Fujimori que enriqueció
al ex asesor Vladimiro Montesinos y sus camaradas y rompió la “amistad” entre
el Perú y Argentina.
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