Según la
encuestadora IPSOS, la aprobación al Presidente de la República cayó 5 puntos. Ahora
está en 63% del total de encuestados.
Otra
encuesta de DATUM también indicó una baja en la popularidad de Su Excelencia.
Tras meses de una aprobación galopante, las simpatías por el Presidente de la
República comienzan a menguar. ¿Por qué ocurre?
En
principio, la popularidad de Su Excelencia subió a partir de la posición firme
que adoptó frente al escándalo de corrupción judicial relacionado al extinto
Consejo Nacional de la Magistratura, en contraste con la actitud timorata o
blandengue de la otrora mayoría absoluta fujimorista del Congreso. Era simple
advertirlo: desde el estallido del “escándalo Odebrecht” hace un par de años
(la mega-corrupción de la empresa constructora brasileña entre 2005 y 2014), el
grueso de la ciudadanía está cansada de los actos de inmoralidad política y
administrativa. Que el Presidente de la República (quien no está involucrado en
el “escándalo Odebrecht”) se “ponga firme” en la lucha anticorrupción
inevitablemente sería aplaudido.
Esa postura
anticorrupción se materializó, primero, en nueve proyectos de ley para reformar
el sistema de administración de justicia enviados al Congreso (apenas se han
aprobado algunos) y, después, con las iniciativas de reforma constitucional
para someter a referéndum, que Su Excelencia nos quiso vender como “reforma
política”. En ese momento las deficiencias del Gobierno nacional pasaron a
segundo plano. El clímax de ese ánimo popular fue la victoria del SI, SI, SI y
NO en el referéndum.
¿Qué sucede
ahora?. El Congreso aprobó la ley orgánica de la nueva Junta Nacional de
Justicia. El fujimorismo está debilitado, desarticulado y, relativamente,
empequeñecido. El ánimo anticorrupción de la ciudadanía disminuyó. A veces lo
urgente se sobrepone a la importante. Lluvias y aluviones azotan departamentos
del sur y sur-centro del país. Hay damnificados e infraestructura dañada. De
otro lado, comunidades nativas de la Amazonía han saboteado el Oleoducto
Norperuano e impiden que personal técnico de la petrolera estatal PETROPERU lo
repare paralizado por más de dos meses el bombeo de petróleo hasta la refinería
de Talara. Las pérdidas económicas son crecientes.
Para colmo,
comienza una huelga camionera indefinida, cuyos transportistas de carga exigen
reducción de tarifas por peajes en las concesiones viales, combustible
subvencionado y devolución por Impuesto Selectivo al Consumo. Algunas carreteras
bloqueadas, dificultad para el transporte de carga, paralización del puerto de
Salaverry, cuantiosas pérdidas económicas por exportación.
El ánimo
popular cambió. La ciudadanía quiere solución a esos problemas y otros más. Si
el Presidente de la República fuese un político estadista, lo entendería. Sin
embargo, es un “aventurero” a quien no lo hemos votado (directamente),
preocupado junto al cómplice de su felonía por quedarse un tiempo más en el
Palacio de Gobierno.
Entonces,
Su Excelencia merece perder todos y cada uno de esos puntos de aprobación que
todavía le quedan.
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