La Presidenta del Consejo de
Ministros anunció que el Poder Ejecutivo promulgaba la autógrafa de la ley que
cambia de obligatorias a voluntarias las aportaciones de trabajadores y
trabajadoras independientes a los fondos de pensiones y permite la devolución
de aportes ya realizados.
Episodio final de una batalla
demagógica del APRA, el fujimorismo, el Partido Popular Cristiano, Acción
Popular y la izquierda radical, comandados por el congresista Víctor Andrés
García Belaunde (ex diputado graduado en mentira y doblez) y Jaime Delgado
(otrora “defensor del consumidor” y congresista cínico), y seguidos del diario La
República, reducto nostálgico del estatismo.
Desde 1992 existe el Sistema
Privado de Pensiones, atendido por las “administradoras de fondos de pensiones”
(AFP), junto al Sistema Nacional de Pensiones, administrado por la Oficina de
Normalización Previsional (ONP), ente que el Estado creó entonces para tal fin.
El plan era la desaparición gradual de la ONP para que sólo hubiera AFP's, como
en Chile, de donde viene el sistema. Pasó el tiempo y terminaron coexistiendo
ambos sistemas previsionales y trabajadores o trabajadoras “formales” deben
elegir alguno.
Desde el principio, las AFP's han
contado con rabiosos enemigos, que han disminuido con el paso del tiempo, pero
aún engañan y desinforman a una ciudadanía peruana sin cultura previsional. A
esos farsantes no les interesa cómo llegarán trabajadores y trabajadoras a la
vejez, sólo que el Sistema Privado de Pensiones sea eliminado, como ocurrió en
Argentina y Bolivia. Además, en el Perú hay una gran masa laboral “informal”
(sin seguridad social ni fondo de pensiones) y la “Reforma” de 2012 buscó que
tuviera un ahorro para la vejez, porque en un país donde poca gente se preocupa
por el futuro, jóvenes prósperos hoy pueden acabar mendigando cuando estén en
la tercera edad.
Como el Sistema Nacional de
Pensiones es solidario, donde trabajadores y trabajadoras pagan ahora las
pensiones de actuales jubilados y jubiladas, es un sistema escaso de recursos,
que debe respaldarse crecientemente en dinero del Estado. Quien aporte a la ONP
no es “su” dinero, se le descuenta menos, pero debe aportar cierta cantidad de
años. Si no, adiós pensión. Si cumpliera, el Estado se compromete a pagarles
una pensión “digna”. Si habrá dinero, claro.
Las AFP's pagan buenas pensiones si
aportaron bien, cobran comisiones paulatinamente decrecientes, obtienen
ganancias por rentabilidad y otorgan cobertura de salud y aseguramiento. Desde
2001 hay “pensión mínima” garantizada por el Estado, pero muy restringida. Por
ahora abogaría por una “reforma” que fusione ambos sistemas, fuerce a ahorrar
previsionalmente (en ningún país del mundo es voluntario) y evite que mayor
gente se siga afiliando por razones cortoplacistas a un sistema financieramente
insostenible.
No obstante, los políticos
estarán más preocupados que la Superintendencia de Banca y Seguros y la
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) regulen la
devolución de los recientes aportes. Qué pena.
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