Nuevamente, Jorge Muñoz

El “improvisado” alcalde de Lima, Jorge Muñoz, nos salió con otra de las suyas.

A raíz que el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, dentro de las investigaciones del Ministerio Público por la corrupción de las empresas constructoras brasileñas Odebrecht y OAS en el Perú, Muñoz anunció mediante su cuenta en la red social Twitter: “Hoy he convocado al Concejo (…) para enfrentar juntos, todos los partidos unidos en una sola fuerza, la grave crisis que ha manchado las obras que los ciudadanos de Lima necesitan. Los contratos de la corrupción no van. Los peajes de la corrupción no van”.

Muñoz se refería a Línea Amarilla y Rutas de Lima. Línea Amarilla es la concesión de la Vía Evitamiento (más un túnel) otorgada en 2009 a OAS, cuando Luis Castañeda fue Alcalde de Lima por primera vez. En 2013, bajo Villarán, se firmó una adenda al contrato para extender la vigencia, reformular el proyecto y entregar al concesionario 11 peajes. Con Villarán en 2012 se concesionó Rutas de Lima: tramos urbanos de las carreteras Panamericana Norte, Panamericana Sur y Ramiro Prialé a Odebrecht y se le entregó 7 peajes. Los aportes que Odebrecht y OAS hicieron a Doña Susana durante la consulta popular de revocatoria en 2013 y la elección municipal de 2014 ya son conocidos y ensombrecen los contratos.

Sin embargo, el malestar es por las tarifas de los peajes. Aunque son más bajas que en Europa y similares a Chile, la opacidad en el reajuste tarifario da pie a que políticos demagogos, periodistas sensacionalistas y abogados leguleyos griten “¡No a los peajes abusivos!” ilusionando a la gente con no pagar nada. Entonces se sumó Muñoz: pretender “cargase” las concesiones viales en Lima por la “lucha anticorrupción”.

No obstante, Muñoz reculó. En 2016 OAS vendió su participación a la constructora francesa Vinci Highways y Odebrecht vendió en 2017 (antes que se le prohibiera) la mayoría del accionariado a la constructora canadiense Brookfield. Ambos contratos permiten resolverlos unilateralmente, a cambio de fuertes indemnizaciones. Sin contar que Vinci Highways y Brookfield pueden ir arbitraje internacional y el Perú lo perdería. Además, ya existe un arbitraje pendiente con Rutas de Lima por el frustrado peaje en Chillón y otro con Línea Amarilla por la estructura de costos.

Hubo regidores opositores empeñados en “cargase” las concesiones viales, pero diecinueve votaron a favor de “renegociar”: la mayoría alcaldista de Muñoz. Mejor dicho, votaron por la única solución realista. Entonces Muñoz dijo en rueda de prensa: “No se trata de patear el tablero para la foto de hoy y que se generen, irresponsablemente, obligaciones impagables para la ciudad de Lima. Se trata de ejercer autoridad, privilegiar el interés del vecino y generar condiciones para la inversión pública y sobre todo con la fuerza de la inversión privada”.

Muñoz estaba feliz por salir de un problema, en el cual solito se metió por “parlanchín” y “oportunista”. Hay quienes estaremos felices cuando el hombre se vaya en 2023.