Problema aguado

La noticia principal en este enero ha sido el aniego por una tubería de alcantarillado en el más populoso de los distritos de Lima: San Juan de Lurigancho.

Aunque ha habido señalamientos por este desastre que ha perjudicado a un centenar de familias, el Alcalde de San Juan de Lurigancho y muchos limeños lo tenemos claro: el responsable es la empresa estatal SEDAPAL, que provee agua potable y desagüe a Lima y Callao.

A su vez, este infortunado suceso abre -otra vez- el debate sobre el servicio de agua potable y desagüe, tanto en Lima como el resto del país. ¿Qué tenemos?. Según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en 2017, 89% de las viviendas a nivel nacional cuenta con acceso a agua potable y 73% a la red de alcantarillado. La cobertura de agua potable asciende a 94% en el área urbana y 72% en el rural, mientras que la del alcantarillado es 72% en la zona urbana y apenas 18% en el ámbito rural. El acceso al sistema de tuberías y la disponibilidad de contar con el servicio durante al menos 16 horas diarias, asciende a cerca de 48% del total de viviendas. Es vergonzoso.

En el Perú, SEDAPAL ofrece el servicio para Lima y Callao, pero para otras ciudades existen cincuenta empresas proveedoras de saneamiento (EPS) con diferentes nombres. En el área rural, organizaciones comunales proveen el servicio. Excepto SEDAPAL, todas las EPS trabajan a pérdidas. Incluso trece están intervenidas por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), creado en 2013 y dependiente del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Las causas de la descapitalización sistemática de las EPS son el mal gobierno corporativo y los escasos recursos. Aunque los ingresos provienen principalmente por el cobro de tarifas reguladas por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS), la capacidad de facturar el agua provista es limitada y el monto tarifado entre quienes sí pagan es insuficiente para cubrir tanto los costos operativos como nuevas inversiones para mejorar o expandir el servicio. Que el Poder Ejecutivo transfiera recursos tampoco ayuda, porque el gobierno corporativo de estas empresas es deficiente y corrupto. La inversión corresponde a los gobiernos locales, pero no suelen ejecutar ni dos tercios del presupuesto asignado a infraestructura de saneamiento.

Concesionar al sector privado sería lo ideal, pero -por ahora- no es políticamente viable. El año pasado finalizó la concesión de la empresa Aguas de Tumbes, cuyo contrato había sido firmado en 2005. Presiones políticas en el cobro de tarifas y un mal diseño de la concesión terminaron descapitalizando la empresa. Por ahora la OTASS administra Aguas de Tumbes. ¿Entonces?. Reorganizar las empresas y transformar sus gobiernos corporativos. En Lima, SEDAPAL podría dividirse en dos empresas más manejables: Aguas de Lima Norte y Aguas de Lima Sur. En provincia, la cantidad de EPS podría reducirse a la mitad o tercera parte para aprovechar sinergias, sin interferencia de intereses locales.

¿Qué opinan ustedes?.