Lunes en la noche. El Presidente de la República apareció en TV para un Mensaje a la Nación.
Aparte de anunciar que su Gobierno implementará algunos cambios organizacionales a la Policía Nacional, anunció el nombramiento de un nuevo Director General. Para eso se ha “cargado” quince generales del escalafón policial, que tenían preferencia, según la ley de 2016.
¿Por qué Su Excelencia tomó esa decisión irregular, a menos de una semana de haber asumido?. Creo la respuesta está en una pos-verdad divulgada por esas elites y esos grandes medios de comunicación que permitieron su arribo al Palacio de Gobierno. ¿Qué es la pos-verdad?. Es la apelación a las emociones y las creencias personales antes que los hechos en el debate político y las políticas públicas. Mejor dicho, el raciocinio de que “una verdad aparente es más importante que la propia verdad” para manipular la opinión colectiva y las actitudes sociales.
¿De qué pos-verdad hablamos?. Primera, el Congreso perpetró un “golpe de estado” al destituir a ese “rufián” que nos desgobernó durante treinta meses. Segunda, las protestas callejeras en el Centro de Lima (con cacerolazos en los distritos más pudientes) y otras ciudades contra el gobierno de Manuel Merino fueron una “lucha por la democracia”. Tercera, en esa lucha “pacífica”, la represión policial ocasionó la muerte de dos jóvenes, hubo más de setenta desaparecidos y hasta un secuestrado por la Policía Nacional. El diario La República, por ejemplo, es el principal defensor de esa pos-verdad.
Al final, la pos-verdad es sólo mentiras y éstas tienen patas cortas, como dice un refrán popular. En otras palabras, la pos-verdad sobre los sucesos políticos desde el 09 al 15 de noviembre empieza a derrumbarse. Primero, el Tribunal Constitucional rechazó políticamente el argumento del golpe. No hubo golpe. Por tanto, no hubo “lucha por la democracia”. Segundo, tampoco hubo una “lucha pacífica”: en las redes sociales Facebook y Twitter circulan numerosos videos sobre actos vandálicos de varios manifestantes. Los grandes medios de comunicación y la mayoría de la opinión pública, callan. Tercero, los desaparecidos no desaparecieron. Cuatro nunca fueron a las marchas, incluido uno que estaba en Arequipa. Otro ni siquiera existe. Todo comprobado por la Defensoría del Pueblo. Además, el supuesto secuestrado nunca estuvo retenido. Tampoco estuvo en las marchas.
Nos queda la muerte de los dos jóvenes (quienes, además, tenían prontuario policial): circunstancia trágica que amerita investigación. Sin embargo, como si la Policía Nacional fuera culpable, durante su juramentación, el Presidente de la República pidió perdón por la muerte de ambos jóvenes e invitó a los familiares a la ceremonia en el Palacio Legislativo y, días después, los invitó al Palacio de Gobierno. Los familiares también se reunieron con el Ministro del Interior. La decisión reciente pretendería apuntalar una pos-verdad que se cae.
¿Hasta
dónde estaría dispuesto Su Excelencia por sostener la mentira de quienes lo
llevaron al poder?. Pregunta
inquietante.
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