En esta
época quienes tiene título de Derecho debieran sentir vergüenza por las
acciones de ciertos “colegas”.
Carlos
Ramos, magistrado del Tribunal Constitucional, es el ponente de la acción de
competencias presentada por el Presidente del Congreso contra el decreto de ese
“aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la sucesión
constitucional de 2018 que disolvió la Cámara y convocó a comicios para el 26
de enero. La ponencia a debatir pronto por los demás magistrados constitucionales
antes de resolver el caso, “apesta”.
Ante las
dudas de si se cumplieron las dos denegaciones de la cuestión de confianza para
disolver la Cámara, conforme la Constitución de 1993, Ramos no aclara nada.
Después afirma que, aunque la Cámara votó a favor de la confianza presentada
por el entonces Presidente del Consejo de Ministros sobre una reforma a la ley
orgánica de 2002 para cambiar la forma de elección de los magistrados, que la
mayoría de congresistas no detuvo el proceso en curso de nombramiento de nuevos
magistrados (como quería el Gobierno nacional), es una “denegación fáctica”. Sin
embargo, no explica cómo un “acto negativo” se convirtió en un “acto positivo”.
Abróchense
el cinturón, porque Ramos no tiene desperdicio: según él, el acto disolvente no
estuvo en el decreto supremo sobre la materia sino en el ¡Mensaje a la Nación!
del “aventurero” anunciando la disolución de la Cámara. No es la fuerza de la
norma sino de los “reflectores y micrófonos”. A pesar que todos los actos
administrativos del Presidente de la República requieren refrendo ministerial,
como el acto disolvente se hizo por televisión y radio y el gabinete había
caído, no hacía falta refrendo alguno. Que Ramos devuelva su título académico.
También es vergonzoso
lo que se pretende hacer con la Junta Nacional de Justicia, creada por reforma
constitucional aprobada en el Referéndum de 2018 para reemplazar el extinto
Consejo Nacional de la Magistratura. Tras la frustrada selección del año
pasado, por fin se consiguió seleccionar a todos los integrantes, todos
abogados. Pudo haber mejores integrantes, cierto, pero el mecanismo de selección puede reformarse hacia el futuro. Urge que la Junta empiece a funcionar
designando, ratificando o destituyendo fiscales y jueces. No obstante, la
poderosa ONG llamada Instituto de Defensa Legal, que ansía hace muchos años “influir
sobre la administración de justicia”, con ayuda de la argolla “progre” en los
medios de comunicación, ha montado una “ofensiva” mediática para “controlar” la
Junta. Por ahora se logró que dos integrantes (el ex congresista Marco Falconí
y la ex ministra de Justicia, María Zavala) no juren sus cargos con los demás,
porque se les volvería a “evaluar”.
Por último,
aprovechando la celebración de Año Nuevo, un cuestionado vocal superior declaró
fundado en primera instancia el Hábeas Corpus contra la Municipalidad
Metropolitana de Lima y la concesionaria vial Línea Amarilla presentado por la
Municipalidad Distrital de La Molina para que se suspenda el cobro de peaje en la
avenida Separadora Industrial alegando “afectar” el libre tránsito. La argumentación es falsa (la avenida Javier
Prado Este es la principal entrada al municipio y no tiene peaje), pero que sólo se suspenda el cobro
para entrar y no para salir es absurdo. En realidad, esa sentencia está dentro
de la lucha política entre el alcalde de La Molina, Vladimir Paz de la Barra, y
el alcalde de Lima, Jorge Muñoz. Un “chulo” buscando vencer a otro “chulo”. El
caso puede llegar al Tribunal Constitucional.
Si antes
peruanos o peruanas creían que la abogacía traía “prestigio social”, hoy parece
conllevar vergüenza y ridículo.
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