Un suceso de la semana anterior llamó la atención.
Un grupo de estudiantes de la Universidad Nacional
Mayor de San Marcos en Lima, vinculado al centro federado, “tomó” el campus en
protesta por la contratación de profesores y el programa curricular de Estudios
Generales. Los estudiantes se apoderaron de las entradas, bloquearon las
puertas de acceso y no permitieron el ingreso de otros estudiantes, profesores
ni personal administrativo. Días antes San Marcos había recibido el
licenciamiento (acreditación) por la Superintendencia Nacional de Educación
Universitaria (SUNEDU), en el marco de la Ley Universitaria de 2014.
La “toma” no duró mucho. Rápidamente, el Rector de San
Marcos solicitó al Ministro del Interior el envío de efectivos de la Policía
Nacional y los autorizó ingresar al campus para restablecer el orden y
garantizar el libre tránsito. Los policías consiguieron abrir las puertas y entrar.
Hubo altercados físicos con estudiantes, pero no pasaron a mayores. Los
estudiantes involucrados fueron llevados a la comisaría policial más cercana y
luego consignados. En tanto no abra instrucción y formule acusaciones, el
fiscal encargado solicitó dejar en libertad a dichos estudiantes.
El presidente del centro federado, estudiante de
Sociología y partícipe de la protesta llamó telefónicamente a televisoras y
radioemisoras alegando intransigencia de autoridades universitarias, represión
policial, derecho a la protesta, “diálogo”, etc. Por su lenguaje, parece un
simpatizante de izquierda radical. Cuando los periodistas o quienes fungen de
periodistas le hicieron la repregunta o la réplica, sin embargo, escuché algo
que no recuerdo haber oído antes: “tomar” un campus universitario es un DELITO.
Por primera vez, una “toma” es condenada por la opinión pública. No todos los
líderes de opinión pública se sumaron a la condena (por ejemplo, la periodista “roja”
Claudia Cisneros), pero quizá lo más influyentes.
¿Cuántas “tomas” de campus o las facultades académicas
en San Marcos por estudiantes ocurrieron en las décadas de 1960, 1970 y 1980?.
En esa época, el Código Penal de 1924 no las sancionaba. Tal vez los
terroristas de Sendero Luminoso lo sabían cuando promovían la actividad
subversiva en las universidades estatales durante la década de 1980. ¿Cuántas “tomas”
de universidades estatales o facultades académicas no se han realizado
posteriormente en el país?. El Código Penal de 1991 sí sanciona las “tomas” de inmuebles
públicos o privados, pero no recuerdo haber oído a alguien decir que son
DELITO.
¿Qué ha cambiado en el Perú?. No lo sé, pero quiero
creer que la opinión pública -y, por ende, la ciudadanía- se está hartando de
quienes pretextando el “derecho a la protesta” para atentar contra la propiedad
pública o privada y violar la libertad de tránsito subvirtiendo el orden
interno, porque esta condena se aplica a esas turbas semi-salvajes que bloquean
carreteras impidiendo el libre tránsito y ocasionan destrucción de bienes
pretextando “protesta legítima”. Si fuera así, es un paso más hacia la “civilización”
de este bronco Perú.

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