Parece que diciembre en el Perú será el mes de los
irresponsables con autoridad. Quizá exageró, pero así lo he percibido.
A pedido del Ministerio Público, el Poder Judicial
dictó 18 meses de prisión preventiva a cuatro ex ejecutivos de tres empresas
constructoras peruanas relacionadas al “escándalo Odebrecht” y la investigación
“Lava Jato”. Estas empresas fueron socias de la constructora brasileña
Odebrecht y se investigaba a cinco antiguos ejecutivos peruanos por,
supuestamente, haber tenido participación en sobornos pagados por Odebrecht, en
proyectos de infraestructura entre 2005 y 2014.
A pocos días que Yeni Vilcatoma, congresista disidente
del fujimorismo, presentara una denuncia en su contra ante el Consejo Nacional
de la Magistratura, el fiscal Hamilton Castro quiso parecer implacable y pidió
prisión preventiva para los investigados. En una insólita audiencia que inició
la mañana del último domingo y finalizó alrededor de las 4:00 de la madrugada
del lunes siguiente, el juez Richard Concepción posó de “paladín de la justicia”
y ordenó meter en la cárcel a cuatro de los cinco investigados.
Políticos, periodistas y diversos juristas hablan de “una
justicia igual para todos”, pero por influencia política y presión mediática,
el fiscal y el juez han sido irresponsables. La prisión preventiva es el último
recurso para evitar que un investigado o una investigada: huya de la justicia,
reitere el acto delictivo o entorpezca la labor fiscal o judicial. Para Castro
y Concepción, sin embargo, ahora habría un cuarto criterio, inédito en el
Derecho procesal: cuán “grave” consideren el fiscal o el juez el supuesto
delito cometido. Este criterio subjetivo es “antojadizo” y contrario a una “justicia
predecible”.
Por su parte, Vilcatoma ha pedido públicamente al
Presidente de la República que renuncie, porque -según ella- está involucrado
(no explica qué pruebas lo corroboran) con el “escándalo Odebrecht” y rehúsa responder
presencialmente ante la “Comisión Lava Jato” del Congreso. A Vilcatoma parece
no importarle que se pueda provocar irresponsablemente un ambiente de
inestabilidad política por la caída del Gobierno nacional sólo para exhibirse
como “furibunda moralizadora”.
Por último, el Ministro de Agricultura y Riego ha
negociado con empresarios agrícolas que el arroz importado no forme parte de la
política arancelaria llamada “franja de precios” (creada en 2001) y tenga un
arancel fijo. En apariencia, nada malo. No obstante, los productores arroceros
quieren que la tasa arancelaria fija sea mayor, bastante mayor que la suma de
la tasa fija más la tasa movible por fluctuaciones de precios en el mercado
internacional, las cuales conforman la “franja de precios”. Así eliminan la
competencia del arroz importado que, afirman, los perjudica. En pocas palabras,
a ese funcionario público irresponsable no le molesta que los consumidores fuésemos
a pagar más, bastante más por el arroz sólo para favorecer a un puñado de
empresarios mercantilistas.
Si hay algo peor que un irresponsable, es un
irresponsable con autoridad.
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