En el Perú las pasiones políticas siempre han nublado los
juicios de la Historia. La “operación Chavín de Huántar” en 1997 no ha sido la
excepción.
Según informes de inteligencia de los Estados Unidos,
la dictadura de Alberto Fujimori había ordenado a los comandos no dejar vivo
ningún terrorista del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) que hubiese
participado en la toma y el secuestro de los rehenes en la residencia del
embajador japonés. No quiere decir que los comandos (integrados por oficiales
del Ejército y la Marina de Guerra) los matasen, pero sí pone en duda sus
versiones (defendidas a morir por la derecha conservadora) que todos los
emerretistas murieron durante la operación.
Fujimori estaba libido. Para él, más que un triunfo
militar era una victoria política. Fue el final del MRTA. Su popularidad se
disparó y sus seguidores lo proclamaron “héroe nacional”. En una escena
repugnante, Fujimori entró a la residencia, recorrió el lugar y caminó encima
de cadáveres. Él se atribuyó toda la estrategia y planificación del rescate y
algo de ese crédito compartió con su asesor de inteligencia, Vladimiro
Montesinos. La ayuda de Israel y los Estados Unidos a los militares peruanos
nunca fue reconocida oficialmente.
Los cadáveres de los emerretistas fueron llevados a la
morgue de la Sanidad Policial. Las autopsias se hicieron con fiscales
militares. Los informes de las autopsias no se conocieron hasta 2001. Entonces
coincidiría con las investigaciones realizadas del Equipo Peruano de
Antropología Forense, el cual señaló que ciertos cadáveres de terroristas
tenían orificios de bala, como si hubiesen sido ajusticiados. Al mismo tiempo,
Hidetaka Ogura, ex diplomático japonés en Lima y uno de los rehenes, dijo desde
Japón en 2001 que vio a una emerretista viva tras finalizar el rescate. En
democracia, Fujimori, Montesinos y el general Nicolás Hermoza (comandante
general del Ejército) sería procesados judicialmente por presuntas ejecuciones
extrajudiciales. Al proceso se sumarían después otros colaboradores de
Montesinos.
En su momento, los comandos fueron investigados por la
justicia militar y exonerados de acusación penal. Se les ha citado como
testigos en el Poder Judicial para los juicios a Montesinos y sus secuaces por
este caso. Nadie los ha señalado formal o informalmente como autores materiales
o intelectuales de las supuestas ejecuciones de los emerretistas y casi todos
les reconocen valentía y patriotismo. Sin embargo, sus cerradas versiones
(convertidas en “dogma político” por la derecha conservadora) que NO HUBO
ejecución de emerretistas rendidos, porque, extrañamente, TODOS murieron después
de la operación, y ese constante afán de “victimizarse” ante los medios de comunicación
causa extrañeza. También que la derecha conservadora intente desacreditar
testimonios (¡“caviar”!, ¡“rojete”!, ¡“terruco”!) y asustar a los comandos
diciendo que cualquier investigación los "maltrata" y sólo pretende
enjuiciarlos es políticamente SOSPECHOSO.
La llamada “teoría de los gallinazos”, esbozada en
2003 por entonces ministro de Defensa, el ex diputado Aurelio Loret de Mola,
distinguía entre la operación de rescate y las supuestas ejecuciones,
atribuyendo estos ajusticiamientos al conocido “escuadrón Júpiter” del extinto
Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), a las órdenes de Montesinos. No
obstante, a partir del gobierno de Alan García (2006-2011) y por influencia
política del almirante Luis Giampietri (personaje bastante gris), entonces
congresista y Primer Vicepresidente de la República, el Ministerio de Defensa
desechó el argumento legal de los “gallinazos” y adoptó las versiones de los
comandos como “verdad absoluta”.
Por ahora nos queda un suceso significativo en la
Historia del Perú, que debe ser visto en real dimensión. Al margen de pasiones
políticas e ideologías, sin mitificaciones.
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