Al filo de
las celebraciones por el Año Nuevo, Pedro Chávarry, el inefable Fiscal de la
Nación sorprendió al país.
Anunció que
destituía del equipo especial “Lava Jato”, que investiga la corrupción de las
empresas constructoras brasileñas, a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael
Vela. Pérez ganó notoriedad el año pasado como fiscal implacable, quien llevó a
prisión preventiva a doña Keiko F., ex congresista y lideresa del fujimorismo,
y reiterar señalamientos a Chávarry por haber pertenecido a la red de
corrupción judicial estelarizada por el ex vocal supremo César Hinostroza,
también descubierta el año pasado.
Hacía rato
que Chávarry quería “cobrarse una” a Pérez, pero anunciarlo víspera de Año
Nuevo tuvo dos propósitos: cogernos distraídos a todos y revestir de “institucional”
su decisión. Sin embargo, que el APRA y el fujimorismo fueran las únicas opciones
políticas en apoyar la medida desnudó el trasfondo político: sabotear las
investigaciones sobre la corrupción de la empresa constructora brasileña
Odebrecht entre 2005 y 2014.
En lo
personal, Pérez es un fiscal más elocuente que conocedor del Derecho. Junto al
juez Richard Concepción, ha sido convertido por los medios de comunicación en “adalid
de la justicia”. Por eso la destitución tan alevosa de Pérez y Vela fue
rechazada por otros grupos políticos, casi toda la opinión pública y gran parte
de la ciudadanía. De inmediato, el Presidente de la República, quien estaba en
Brasil, adelantó su regreso y anunció públicamente la presentación de un
proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público. En el
preciso momento que Su Excelencia presentaba su iniciativa legislativa ante el
Congreso, Chávarry reculó y restituyó a Pérez y Vela (sus sucesores designados
rehusaron asumir los cargos), pero las voces que piden su renuncia como Fiscal
de la Nación se han amplificado.
Desde la cárcel
y vía la red social Twitter (¿?),
Doña Keiko pidió a su bancada apoyar el referido proyecto de ley, pero los
fujimoristas más recalcitrantes se oponen. El Presidente de la República pidió
que sea debatido urgentemente o apelaría a la cuestión de confianza, que
-conforme a la Constitución de 1993- podría conllevar a la disolución de la
Cámara si fuese denegada. No obstante, el fujimorismo sigue irreductible:
proyecto de ley a estudio en comisiones y acusaciones constitucionales contra
Chávarry “atoradas”. Sostener al Fiscal de la Nación, aunque el APRA ya ha
pedido la renuncia.
En las
calles ciudadanos movilizados han pedido la renuncia de Chávarry. El jueves 03
de enero, en Lima, miles de personas se concentraron en la Plaza San Martín y
marcharon por el Centro Histórico. También hubo manifestaciones masivas en
Arequipa, Chiclayo, Cusco, Huánuco, Huancayo, Puno, Trujillo y Tumbes, para
citar algunas ciudades.
Arrogantemente,
Chávarry reta a quienes no lo quieren a “botarlo”. El mencionado proyecto de
ley tiene un tufillo inconstitucional y vamos en camino a otra crisis política,
porque un testarudo no entiende que es mejor para él y para el Perú que se
vaya.
No hay comentarios:
Publicar un comentario