Más allá de
nuevas revelaciones por el “escándalo Odebrecht” (la trama de corrupción de la
empresa constructora brasileña en el Perú, entre 2005 y 2014), un asunto está
complicado.
El
Ministerio Público ha allanado el camino para que Odebrecht en el Perú solicite
al Gobierno nacional la devolución de 524 millones de soles retenidos en
fideicomiso para reparación civil tras la venta de activos en la Hidroeléctrica
Chaglla. Reinterpretando el término “investigación” (preparatoria, no
preliminar), los fiscales especiales de la operación “Lava Jato” (incluye el
“escándalo Odebrecht”) desean evitar la inminente quiebra de Odebrecht (sin
vinculo financiero con la casa matriz en Brasil) y salvar el acuerdo de
colaboración eficaz con la empresa.
Las deudas
de Odebrecht sumarían más de 1,300 millones de dólares. La venta pronta de
activos (el proyecto de irrigación Olmos, las concesiones viales IIRSA Norte,
IIRSA Sur y Rutas de Lima y la maquinaria) no cubriría ni la tercera parte. Además,
algo de dinero debe destinarse a capital para conseguir contratos de obra,
generar nuevos ingresos y, a su vez, honrar compromisos contractuales,
prestaciones sociales y la reparación civil. Para colmo, el Tribunal de
Contrataciones del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE)
ratificó que Odebrecht está impedida de contratar con el Estado por más de tres
años. Tampoco hay posibilidad de préstamos de la banca peruana o extranjera.
Los acreedores podrían solicitar ante el Instituto Nacional de Defensa de la
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) un
proceso concursal para liquidar la empresa.
Si hubiese
ahora una liquidación, la reparación civil sería cobrada tras pagar a
trabajadores, subcontratistas y la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria (SUNAT). Los millones de soles retenidos por Chaglla se perderían.
Sólo los proyectos de Chavimochic III y el Gaseoducto Sur Peruano salvarían a
Odebrecht, pero ambos están bajo arbitraje internacional por un monto total
entre 550 y 1,100 millones de dólares, pero en el segundo arbitraje el Gobierno
nacional debiera desistir de aplicar la “cláusula anticorrupción” del contrato,
políticamente muy improbable.
No entiendo
la reciente denuncia penal del procurador público Amado Enco al procurador ad hoc “Lava Jato” Jorge Ramírez acusándolo
de favorecer a la empresa permitiendo que ésta pida el dinero retenido por
Chaglla. Tampoco las esporádicas afirmaciones en televisión, radio o prensa
escrita de la ex procuradora pública Katherine Ampuero, otra convencida de
sacar millones y millones de soles a Odebrecht, sin imaginar de dónde los
obtendrá. La información que la empresa entregue o pudiera entregar sobre
involucrados en la trama de corrupción (políticos, empresarios, burócratas,
etc.) parece no importarles. ¿Por qué?.
Ya es
baladí si el Ministerio Público debe o no revisar el acuerdo de colaboración
eficaz con Odebrecht. La discusión debiera ser si todavía existirá Odebrecht
para pedirle información o exigirle indemnizaciones.
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