Dos buenas noticias

Entre más malas noticias sobre la huelga de médicos, enfermeras, obstetras y maestros (materia para otro artículo), hubo dos buenas noticias.

El Presidente de la República promulgó la reforma constitucional sobre la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. El Congreso había debatido y aprobado iniciativas, tanto del oficialismo como Acción Popular y el Frente Amplio, la facción de izquierda radical con representación parlamentaria.

La Constitución de 1993 decía escuetamente “El plazo de prescripción se duplica en caso de delitos cometidos contra el patrimonio del Estado”. Ahora dirá “El plazo de prescripción de la acción penal se duplica en caso de los delitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado, tanto para los funcionarios o servidores públicos, como para los particulares. La acción penal es imprescriptible en los supuestos más graves, conforme al principio de legalidad”.

No es algo baladí. Cohecho, peculado, colusión, negociación incompatible, abuso de autoridad, malversación, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito no prescribirán. A quienes se les procese judicialmente por estos delitos “muy graves” no podrán huir, esconderse o alegar prescripción para no afrontar responsabilidad penal por actos u omisiones cometidos, incluso si no son funcionarios o servidores públicos. Falta adecuar el Código Penal de 1991 a este cambio. Esta reforma es un avance importante en la lucha contra la corrupción.

De otro lado, la Sala Penal Nacional de la Corte Suprema de Justicia falló contra dos militares involucrados en el “caso Los Cabitos”. Se les ha condenado a 23 y 30 años de prisión, respectivamente (a pesar de la avanzada edad de ambos), por asesinato, abuso de autoridad agravada y detenciones arbitrarias en el cuartel militar Domingo Ayarza, conocido como Los Cabitos, en Huamanga, Ayacucho, en 1983.

Aunque la Sala reservó sentencia a dos acusados más por salud (también de avanzada edad) y uno fugado a Chile y exculpó a otro, el fallo es histórico: reconoce estos abusos (el sector más reaccionario de la derecha conservadora los llama “excesos”) como crímenes de lesa humanidad y acepta que desde 1982, cuando el gobierno de Acción Popular encargó a las Fuerzas Armadas el combate antiterrorista contra Sendero Luminoso, empezó una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos por militares contra la población civil.

El caso Los Cabitos ha sido documentado tanto en el Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación como el libro del periodista Ricardo Uceda, Muerte en el Pentagonito. Hubo secuestros, torturas, estupros y desapariciones forzadas de cincuenta y tres personas. Incluso hubo víctimas entre 14 y 17 años. También reconoce la existencia del horno crematorio (“La Hoyada”), donde se quemaban los restos humanos de los desaparecidos.

La sentencia también declara al Ejército “tercero civilmente responsable”, así nunca más amparará o encubrirá atrocidades que sólo lo envilecen.

No sé ustedes, pero ambas noticias me dan esperanzas para el Perú hacia el futuro.