La Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) falló en el caso Chavín de Huántar.
Fue la Asociación Pro Derechos
Humanos (APRODEH) quien llevó el caso ante la CIDH asumiendo la defensa de
familiares de tres terroristas muertos durante la operación de rescate “Chavín
de Huántar”. ¿Por qué fue la demanda?, ¿qué ha fallado la CIDH?.
En 1997 la dictadura de Alberto
Fujimori envió un comando militar de asalto a rescatar a 72 rehenes del
terrorista Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, secuestrados en la antigua
residencia del embajador japonés en Lima. La operación fue exitosa: excepto uno,
todos los rehenes fueron rescatados. Los terroristas murieron. En 2001 el
diplomático japonés Hidetaka Ogura declaró que vio al terrorista Eduardo Cruz,
alias “Tito”, vivo tras el final de la operación y que él habría sido ejecutado
después. Al año siguiente, el Ministerio Público acusó ante el Poder Judicial
al ex asesor de inteligencia Vladimiro Montesinos, el general Nicolás Hermoza,
el coronel Roberto Huamán Azcurra, el capitán Jesús Zamudio (reo contumaz) y
los jefes más 13 comandos por violación a los derechos humanos. El fuero
militar procesó de oficio a los comandos.
En 2004 una contienda de
competencias ante la Corte Suprema de Justicia sacó del proceso penal a los
comandos dejando sólo a Montesinos, Hermoza, Huamán Azcurra y Zamudio.
Posteriormente, el fuero militar los absolvió por falta de pruebas. Fue por la tesis
de los “gallinazos” del ex diputado Aurelio Loret de Mola, quien fuera Ministro
de Defensa bajo el gobierno de Alejandro Toledo: una cosa era la incuestionable
operación “Chavín de Huántar”, otra los agentes de Montesinos ingresando a la
residencia tras el rescate y ejecutando a "Tito" y dos terroristas
más. Para APRODEH, la justicia militar no debió intervenir, porque vició la
investigación.
Entre 2007 y 2009, con Antero Flores-Araoz
y Rafael Rey en el Ministerio de Defensa durante el gobierno de Alan García,
hubo un cambio de estrategia: se abandonó la tesis de los “gallinazos” y se
insistió que nunca hubo ejecuciones, a pesar que la Policía Nacional y el
Equipo Peruano de Antropología Forense determinaron lo contrario. En 2012
Montesinos y compañía fueron absueltos por este caso.
Sectores de derecha han agitado
la bandera de la “persecución contra los comandos”, desacreditado el testimonio
de Ogura acusándolo de “castrista” (antes del Perú, fue agregado diplomático
destacado en Cuba) y tildado de "pro-terrorista" a la CIDH. APRODEH
pidió una indemnización para los familiares y hasta el Presidente de la República
gritó para la tribuna que “no pagaría un céntimo a terroristas”. Finalmente, el
falló de la CIDH ha sido “suave”.
Según la sentencia, el Perú NO pagará
nada, salvo costos y costas del proceso. Tampoco acusa a los comandos ni a
Montesinos y compañía. Hace responsable al Perú por la ejecución de “Tito”, no
de los otros terroristas. NO ordena nuevos juicios, pero sí investigar las verdaderas
causas de la muerte de “Tito”.
¿Se acabó la demagogia con la
operación “Chavín de Huántar”?. El tiempo lo dirá.
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