Muchos hechos para dedicar a cada uno un solo artículo de opinión. Acá otro breve resumen comentado de noticias.
Enrique Fernández Chacón, viejo trotskista, ex constituyente y ex diputado, uno de los candidatos más votados en Lima durante la pasada elección al Congreso, nos demostró que es un “oportunista”. Pretendiendo posar del más “extremista” en la facción de izquierda radical liderada por el ex sacerdote católico y congresista Marco Arana, dijo que considera al ex mayor del Ejército Antauro Humala, encarcelado desde 2005 por el asesinato de cuatro policías en la “asonada” de Andahuaylas, como “preso político” y aseguró estar a favor de “revisar” casos de “criminalización” de movimientos sociales.
De inmediato Arana ordenó publicar un comunicado diciendo que sus “rojos” creen que todo preso debe cumplir su condena. Fernández Chacón debió aclarar públicamente que, pese a considerarlo “preso político”, no está a favor de una amnistía para “Antaurito”.
Un reciente informe de Amnistía Internacional sobre el éxodo venezolano deja por los suelos al Perú. Según el documento, el Gobierno nacional de ese “aventurero” llegado a la Presidencia de la República mediante la sucesión constitucional de 2018 está ejecutando una política deliberada de “desprotección” de migrantes o refugiados de Venezuela, a pesar de contar con los “papeles en regla”, conforme los requisitos exigidos desde el año anterior: visado, pasaporte, etc. Vergonzoso como la tradicional buena imagen del Perú como “país de acogida” se ha caído por ese “pérfido”, su Ministro del Interior “mentiroso” y su Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo “xenófoba”.
Sin sospecharlo, una de las subsidiarias de la empresa constructora brasileña Odebrecht presentó una demanda contra el Perú ante el CIADI, el tribunal arbitral del Banco Mundial, por una multimillonaria indemnización alegando perjuicio cuando en 2017 el gobierno de Pedro Pablo Kuczysnki canceló el proyecto Gaseoducto Sur Peruano. Antes ganamos casos ante el CIADI y creo podemos volver a ganar. No obstante, ¿cómo queda el “acuerdo de colaboración eficaz” entre la filial de Odebrecht en el Perú y el Ministerio Público?. ¿Esos “paladines” de la fiscalía especial “Lava Jato” negociaron como una condición para el acuerdo que Odebrecht no demande al Perú ante tribunales internacionales?. Si lo hicieron y Odebrecht se negó, ¿por qué aceptaron el acuerdo? Por ahora el fiscal especial José Domingo Pérez sólo atinó a responder con la típica prepotencia del soberbio.
Por último, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ha decidido aplazar dos años el inicio del “apagón analógico”: el cambio a la televisión digital, proceso por etapas programado desde 2010 para este año. ¿Por qué? Este Gobierno está tan “asustado” ante cualquier malestar social (ningún cambio es fácil asimilarlo) que el “aventurero” prefiere perjudicar a televisoras, casas comerciales e importadores de electrodomésticos y retrasar la modernización de las transmisiones televisivas en el país antes que perder popularidad.
Seguiremos informando.
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