La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso recibió el encargo por la Cámara para investigar sumariamente a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y justificar si procede o no la remoción de todos ellos.
La Junta Nacional de Justicia es un organismo creado a partir de la reforma constitucional ratificada en el Referéndum de 2018 para sustituir al desprestigiado Consejo Nacional de la Magistratura. La moción que ochenta y cuatro congresistas apoyaron en la Cámara fue presentada por la congresista Patricia Chirinos. Ella acusa que los integrantes de la Junta cometieron falta grave por haber “intentado” evitar que el Congreso acuse constitucionalmente e inhabilite de la función pública a la cuestionadísima fiscal suprema Zoraida Ávalos.
Alimenta la polémica quienes desde los sectores “de derecha” desean la remoción de todos los integrantes de la Junta, porque –afirman- están al servicio de esas elites que conforman la soberbia y ensimismada “progresía” limeña, la cual estaría moviendo cielo y tierra para detener al Congreso. En efecto, la Junta Nacional de Justicia es hechura de esa “progresía” limeña que, desde el retorno a la democracia en 2001, anhelaba influir política e ideológicamente en nombramientos, evaluaciones, ratificaciones y remociones de fiscales y jueces y lo consiguió en 2018 bajo el nefasto gobierno de Martín Vizcarra.
Esa “progresía” limeña grita a los cuatro vientos que el Congreso está violando la Constitución de 1993 por haber aprobado la investigación sumaria y contemplar la remoción de integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pero miente. En 2010 el Congreso removió a un integrante del Consejo Nacional de la Magistratura por falta grave. Ocho años después, tras el revelamiento de una red de corrupción judicial, el Congreso removió a todos los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, tanto titulares como suplentes. Aún recuerdo a la inefable abogada Rosa María Palacios, amiga de la “progresía” limeña, exigiendo que se largaran todos, hasta el conserje del edificio.
Sin embargo, todas esas remociones fueron justificadas y la gran mayoría de la ciudadanía así lo entendió. Hoy en día no existe claridad entre gente común y corriente de por qué el Congreso quiere remover a esos funcionarios públicos, quizá con la excepción de Inés Tello, quien tiene 78 años de edad, excede los límites tolerados, pero rehúsa irse. La “progresía” limeña tiene sus razones para defender su acariciada cuota de poder, pero los sectores “de derecha” parecen empeñados en consumar una revancha política, de la cual no saldrán beneficiados ellos como sería fácil creer sino la izquierda radical. Recuerden qué sucedió con la Defensoría del Pueblo.
A la gran mayoría de la ciudadanía no le interesa el destino de la Junta Nacional de Justicia, aunque su creación haya recibido 86.56% de votos válidos en el Referéndum de 2018. El país cambió demasiado los últimos cinco años: hoy son otras las prioridades, otro el ánimo.
Quienes
pelean entorno a la Junta Nacional de Justicia parecen no entenderlo.
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