Paro de transporte público en Lima el 29 de octubre de
2015. Faltaron unidades, caos en la ciudad y gente viajando como pudo hasta su
destino. Todo por los “corredores viales complementarios”, todo por la “reforma
del transporte”.
El año pasado la gestión de la alcaldesa de Lima,
Susana Villarán, licitó cinco "corredores viales complementarios"
(parecen pensados para la Lima de la década de 1960) a varios consorcios
nacionales como parte de la cacareada “reforma del transporte”. Uno de ellos es
el corredor Tacna-Garcilaso de la Vega-Arequipa (Corredor Azul), implementado
alocadamente en víspera de las elecciones municipales y regionales de 2014 y
que, en parte, le costó a Villarán perder la reelección.
El otro corredor es el Javier Prado-La Marina-Faucett
(¿también Corredor Azul?), que con marcha y contramarchas, acuerdos y
desacuerdos, sería implementado pronto por la actual gestión del alcalde Luis
Castañeda. Los otros tres corredores por separado comprenden la Carretera Central,
las carreteras Panamericana Norte y Panamericana Sur y una ruta especial que enlazaría
San Juan de Lurigancho con Miraflores. Se supone que cada corredor sería
“alimentado” con rutas de transporte especialmente licitadas para ese
propósito, pero hasta hoy no hay nada al respecto. También se supone que los
consorcios deben cumplir con las exigencias de amplia flota de buses nuevos,
patio de maniobra para los buses, taller mecánico para los buses, chóferes con
beneficios laborales, equipo de primeros auxilios, etc., que se habría cumplido
parcialmente.
Entonces, ¿por qué la Municipalidad Metropolitana de
Lima se empeña en seguir adelante con los “corredores viales”?. Desde el cambio
de alcaldía, los consorcios habían amenazado con recurrir al arbitraje para
hacer respetar las licitaciones públicas y los contratos. Sin importar cómo
funcione el sistema, los árbitros fallarían a favor de los consorcios por la
“seguridad jurídica” y la gestión de Castañeda habría tenido que pagar
millonarias indemnizaciones, precisamente ahora que las finanzas municipales no
son boyantes como antaño. Pequeñas diferencias surgieron con el Ministerio de
Economía y Finanzas por la “legalidad” de las licitaciones, pero es subsanable.
¿Qué pasa con la “Reforma”?. Como dije antes y lo
repito: esa “Reforma” no funcionará, porque nada bueno puede resultar de crear
monopolios y restringir la competencia empresarial. Esa lección debió haberse
aprendido tras larguísimos años de intervencionismo económico y con la tímida
reforma de la década de 1990. No importa que los buses sean grandes, modernos,
ecológicos y que no haya “cobradores” o los chóferes vistan pantalón, camisa y
corbata: sigue siendo el mismo servicio privilegiado y el mismo mercado
distorsionado con otras políticas planificadoras, que no va a satisfacer la
demanda y cuya oferta acabará deficiente.
Al final, quienes experimentamos en carne propia los
fracasos de una “reforma” somos los limeños y las limeñas que todos los días
debemos abordar el transporte público para viajar por la ciudad. ¡Malo!.
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