Ha trascendido la sentencia judicial contra el
periodista Rafo León interpuesta por Martha Meier Miro Quesada, ex editora del
diario El Comercio, por el delito de difamación.
La jueza no condenó a León sino que “reservó” la pena
a “buena conducta” del acusado por un año y a pagar una reparación civil a Meier.
No simpatizo con ninguno, pero puedo decir que el fallo pretende “regular” la
forma de opinar antes que sancionar la comisión delictiva. Ocurrió con otra
sentencia por difamación contra el periodista Fernando Valencia (con quien
tampoco simpatizo), donde el juez se erigió como “editor” de facto.
Hay individuos que saltan de felicidad cuando usan los
tribunales de justicia para callar a quienes no quieren oír. El Código Penal de
1991 aún contempla como delito la difamación, al mismo tiempo que considera
faltas punibles la calumnia y la injuria. Todo debiera irse al fuero civil,
pero muchos políticos no son amigos de esa iniciativa.
Querellar periodistas es vieja costumbre peruana. En la
Historia hay muchísimos casos. En 1893 el joven escritor Enrique López Albujar
fue enjuiciado por un fiscal acusado de injuria. Había escrito algunos versos
contra el general Andrés Avelino Cáceres. Decía “¡Andrés A. Cáceres! Quiero otra vez sin levantar la mano, acabar con
tus sueños de grandeza / Turbarte con esfuerzo soberano y darte un golpe más en
la cabeza...” Al final, sería absuelto. Entonces los caceristas la
emprendieron contra el semanario La Tunda, donde escribía López
Albujar y cuyo director había sido baleado. En la Cámara de Diputados, Mariano
H. Cornejo fustigó al Ministro de Gobierno por allanar el taller donde se
imprimía La Tunda, y logró que la mayoría de diputados aprobaran una
moción de censura contra aquél, que fue ratificada por el Senado.
Otro caso ocurrió en 1918 cuando el joven escritor
José Carlos Mariátegui escribió un artículo en el diario El Tiempo que enojó a la oficialidad
del Ejército. Dijo “La oficialidad está
compuesta, en su noventa por ciento, por gente llevada a la escuela militar
unas veces por la miseria y otras veces por el fracaso personal”. La
reacción no tardó: hasta hubo una ceremonia de “desagravio” a los militares, en
la cual habló el presidente José Pardo y Barreda. Mariátegui fue respaldado por
intelectuales, periodistas, estudiantes y obreros. El Ministro de Guerra
llegaría a renunciar, pero Pardo y los civilistas clausurarían el diario al año
siguiente.
Un incidente más sucedió en 1909 tras la pequeña
asonada de los Piérola en Lima contra el presidente Augusto B. Leguía, quienes
lo apresaron por algunas horas. Leguía fue rescatado por tropas leales, a costa
de muchos muertos. Después ordenó arrestar a Alberto Ulloa, el director “pierolista”
del diario La Prensa, junto a periodistas como Leónidas Yerovi.
Maquinarias, cajas y linotipos fueron bárbaramente destrozados por soldados. La
Prensa volvió a circular casi un año después y los imputados estuvieron
presos varios meses.
¿Para qué seguir?. En el Perú no hay tradición de
respeto a la libertad de expresión.
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