Parece que con la segunda reunión
del “diálogo” (esta vez estuvo el fujimorismo, pero el APRA sigue en sus trece)
entre el Gobierno nacional y los partidos políticos se inició la “reforma
electoral” en el Congreso.
La Cámara aprobó en segunda
votación enmendar la Constitución de 1993 para prohibir que presidentes
regionales, consejeros regionales, alcaldes y regidores postulen a la
reelección inmediata, que se aplicaría para las autoridades elegidas el año
pasado. También ha modificado la Ley de Participación y Control Ciudadano de
1994 para elevar el porcentaje de firmas necesarias para convocar una consulta
popular de revocatoria, fijando el acto comicial para la mitad del mandato y suprimiendo
nuevas elecciones para suplir a las autoridades revocadas.
Se supone que es el inicio de la
mentada "reforma electoral", que -se supone- también incluiría
sanciones contra el transfuguismo (cambio de un partido político a otro),
creación de un distrito electoral para peruanos y peruanas en el extranjero,
autorización de financiamiento público a partidos políticos, etc. No se sabe si
esta reforma incluirá la eliminación del voto preferencial para la elección
parlamentaria o la restitución del Senado. Por ahora estos cambios no
constituyen una reforma.
Alcaldes agremiados en el país
han gritado al cielo, porque no podrían ir a la reelección en 2018. Hay caudillos
burgomaestres (Lima tiene los casos del ególatra Augusto Miyashiro en
Chorrillos y el autoritario Luis Bueno en Chosica) que se sienten adheridos al
sillón municipal con pegamento y no se quieren despegar de éste por nada. No
han tenido reparos en montar maquinarias clientelistas y utilizar las municipalidades
para sus sucesivas reelecciones. Gobiernos locales con alcaldes longevos son
des-institucionalizados, poco transparentes, muy corruptos e ineficientes. Los
alcaldes agremiados han respondido insolentemente retando a los congresistas
que voten la no-reelección inmediata parlamentaria y, tal vez por ignorancia
(algo grave respecto a una autoridad) o malicia, quieren que el Presidente de
la República “observe” la enmienda, aunque la Constitución de 1993 (igual que
la Constitución de 1979) no lo permita.
En cuanto a las modificaciones
legales a la consulta popular de revocatoria, el abogado y ex regidor
metropolitano Marco Tulio Gutiérrez dice que con su ONG presentará acción de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, estas medidas NO son
una reforma electoral que “vigorice” la democracia fortaleciendo los partidos
políticos y las instituciones en desmedro de políticos oportunistas o
aventureros. El Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos
Electorales piden al Congreso aprobar la reforma completa para asegurar la
elección de mejores autoridades en 2016. De otro lado, voces radiales del grupo
mediático RPP como el comediante Carlos Galdós, el periodista Phillip Butters y
la actriz Regina Alcóver saludan la reforma y llaman a un voto mejor informado
y más consciente.
Ojalá sea el primer paso y no un “parche”.
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